SNAI pide que se le revoquen las medidas cautelares a Jorge Glas
La audiencia de prelibertad para el exvicepresidente Jorge Glas se suspendió, por lo que la decisión se conocerá este jueves.
El exvicepresidente Jorge Glas, en una rueda de prensa, en octubre de 2023.
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La jueza ecuatoriana Melissa Muñoz suspendió este 27 de diciembre de 2023 la audiencia sobre el pedido de prelibertad solicitado por la defensa del exvicepresidente Jorge Glas. La reinstalación de la diligencia se fijó para mañana, jueves 28.
La audiencia se suspendió después de que la magistrada pidió al Servicio de Personas Privadas de la Libertad (SNAI) que presente un informe sobre Glas y su tiempo en prisión.
El exvicepresidente fue condenado a seis años por el delito de asociación ilícita, ligado al escándalo de corrupción de la constructora brasileña Oderbrecht, y a ocho años en por cohecho en el caso Sobornos, sobre financiación ilegal de Alianza PAIS.
Glas consiguió que las dos penas sean unificadas en una sola condena. Con esta base, pidió que se le otorgue la prelibertad al haber cumplido el 60% de la sentencia, según sus abogados.
Sin embargo, el SNAI pidió que se revoquen las medidas cautelares otorgadas a su favor, y que permitieron su liberación en noviembre de 2022. Estas fueron aceptadas por el juez Emerson Curipallo, uno de los procesados en el caso Metátasis.
Actualmente, Jorge Glas se encuentra refugiado en calidad de "huésped" en la Embajada de México en Quito, dónde ha pedido asilo por considerar que hay una persecución en su contra a través de la supuesta forja de casos judiciales.
La jueza Muñoz, para retomar este jueves el pedido de pre-libertad, ha solicitado al SNAI que presente un informe sobre seguridad relacionado con la permanencia de Glas en prisión.
Según el SNAI, la petición para que se revoquen las medidas cautelares que le asisten a Glas obedece a que él ha incumplido la orden de presentarse todas las semanas a una cárcel en Guayaquil.
En un comunicado, el SNAI exhortó a los operadores de justicia a que cumplan con los "principios rectores" de la administración judicial en materia constitucional, para alcanzar "una justicia efectiva, imparcial y expedita para la defensa de los derechos humanos de todos los ciudadanos".
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