Verónica Medina, jueza de garantías penales de Pichincha, fue sentenciada a indemnizar y ofrecer disculpas a Jacobo Bucaram. Ella presentará su caso ante la Corte Constitucional (CC).
El expresidente Abdalá Bucaram y varios de sus hijos fueron involucrados en varios casos de corrupción durante la etapa más dura de la pandemia del coronavirus en Ecuador.
Uno de estos tiene que ver con la presunta comercialización irregular de pruebas para diagnosticar Covid-19. En ese caso son procesados Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo Bucaram y siete personas más.
El 21 de junio de 2021, la jueza Verónica Medina declaró nulidad de toda la investigación de ese caso alegando fallas procesales por parte de la Fiscalía.
Más adelante, ante un recurso interpuesto por Jacobo Bucaram, la Corte Nacional de Justicia consideró que esa nulidad debió ir acompañada de la liberación del procesado y sancionó a la magistrada.
¿En qué instancia del caso Bucaram actuó usted?
Me correspondió conocer la causa por presunta delincuencia organizada en la etapa evaluatoria y preparatoria de juicio, que es la fase previa a la audiencia de juzgamiento.
¿Qué analizó en esta etapa?
Esta fase es para revisar si existe alguna violación a algún derecho para que la causa vaya subsanada a las siguientes etapas. Con base en esta facultad revisé las actuaciones de Fiscalía y las peticiones que hicieran, en su momento, los abogados de los nueve procesados. La mayoría manifestó que existían vicios y solicitaron la nulidad.
¿Y hubo tales vicios?
En la revisión del proceso, claramente, pude evidenciar que Fiscalía no cumplió con ciertos requisitos y que su investigación podría entrar en conflicto en las siguientes etapas. Esto porque el Tribunal podía revisar que, en efecto, se vulneraron ciertos derechos.
¿Cuáles derechos?
Iniciada la investigación a estas nueve personas, no so les notificó con el inicio de la misma y no se les concedió la oportunidad de tener acceso al expediente. Eso conllevó a que se vulnere el derecho a la defensa de las nueve personas. Por eso declaré la nulidad.
¿Cuáles fueron las consecuencias jurídicas de esa decisión?
Hay que aclarar que un auto de nulidad no pone fin a un proceso penal. Este busca subsanar ciertos asuntos para que se convalide y supere las diferentes etapas del juicio. Con la nulidad yo dispuse que se vuelva a la etapa en la que Fiscalía no notificó a los investigados para que puedan tener la oportunidad de defenderse en igualdad de condiciones.
¿Qué pasó después?
La Fiscalía, haciendo uso de su derecho a impugnar, interpuso un recurso de apelación. Es decir que mi acto de nulidad no pudo ejecutarse porque, inmediatamente, se estableció este recurso.
Cuando usted dictó la nulidad, Jacobo Bucaram estaba con arresto domiciliario. Y él reclamó que con la nulidad también ordenarse su liberación. ¿Qué pasó?
El señor Jacobo Bucaram interpuso un hábeas corpus para ser liberado. Lo presentó en mi contra, en la Corte Provincial del Guayas, pero luego desistió. Luego lo vuelve a presentar en una sala diferente y la Corte le negó el pedido de hábeas corpus.
¿Entonces?
Jacobo Bucaram, al no sentirse conforme con esa decisión, interpuso un nuevo recurso y llevó el caso a la Corte Nacional de Justicia. Dos jueces de esa Corte aceptaron los argumentos de Bucaram y resuelven que yo debí haber dispuesto su libertad, pese a que había una apelación de la Fiscalía que interrumpía los efectos de la nulidad.
¿Qué dice esa sentencia?
La sentencia dice que yo he afectado el proyecto de vida de Jacobo Bucaram porque él ha dejado de percibir una remuneración. Sin embargo, no se valoró que Bucaram estuvo detenidos desde hace nueve meses y que yo no fui quien ordenó su detención.
¿Y se estableció alguna sanción en su contra?
La Corte Nacional me condenó a que yo indemnicé a Jacobo Bucaram y que, incluso, pida disculpas públicas porque he afectado su derecho.
¿Apelará esta decisión?
Solicité un recurso de ampliación y aclaración de la sentencia. Pero este recurso no puede cambiar la resolución. No pude interponer otro recurso porque no fui notificada con la sentencia, la conocí a través de los noticieros y no cumplí con los tiempos.
¿Qué hará entonces?
Como todo ciudadano debo respetar las resoluciones de los órganos de la administración de justicia. Sin embargo, por no estar conforme y porque es mi obligación dejar un procedente y que se clarifique voy a interponer una acción extraordinaria de protección para que los jueces constitucionales se manifiesten sobre el caso.
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