Pero, según Jorge Yunda, la resolución de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) no implica su salida del cargo. "Seguiré en funciones hasta que la Corte Provincial se pronuncie", dijo.
Nota actualizada a las 12:45, del 1 de julio de 2021, con la reacción de Jorge Yunda.
El proceso está enredado en recursos legales. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, acudió a dos instancias para intentar revertir la decisión del Concejo Metropolitano que lo removió del cargo y, este 1 de julio de 2021, una de esas instancias se pronunció.
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó la remoción aprobada por el Concejo Metropolitano en contra del alcalde de Quito, Jorge Yunda.
Los cinco jueces del organismo coincidieron en que el proceso de remoción cumplió con los parámetros legales que establece el Código de Ordenamiento Territorial (Cootad). Así lo informaron en redes sociales, los concejales capitalinos.
Pasadas las 13:30, el TCE difundió el texto de su resolución en la que sostiene que "en el proceso de remoción efectuado en contra del doctor Jorge Homero Yunda Machado, alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, se cumplieron las formalidades y el procedimiento establecidos en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad)".
Jorge Yunda asegura que está decisión no implica la salida del cargo. El funcionario dice que todavía tiene pendiente la resolución del trámite de la acción de protección.
Ahora, las partes implicadas en el proceso del TCE tienen tres días hábiles para pedir una ampliación sobre la decisión tomada. El TCE, a su vez, cuenta con otros dos días para emitir una respuesta. Aunque este recurso no modifica la sentencia.
Esta sería la primera ocasión que el TCE ratifica un proceso de remoción desde 2010, cuando esta figura ingresó en el Cootad.
Qué pasa con la acción de protección
El segundo recurso de Yunda es el trámite de acción de protección.
La jueza María Belén Domínguez aceptó parcialmente la acción de protección que interpuso el alcalde Jorge Yunda en contra de los cuatro concejales que son parte de la Comisión de Mesa (Fernando Morales, Analía Ledesma, Santiago Guarderas y Mónica Sandoval)
En su sentencia, Domínguez asegura que hubo "vulneración por parte de los accionados, en su condición de concejales y miembros de la Comisión de Mesa del Concejo Metropolitano de Quito, del artículo 76.7 k de la Constitución de la República. Esto es el derecho al debido proceso en la garantía de la imparcialidad".
Es por eso que Domínguez dejó sin efecto el informe de la Comisión de Mesa y dispone la elaboración de un nuevo documento.
Además, dispone que los concejales de la Comisión de Mesa principalicen a sus alternos "en cualquiera de las fases para garantizar la imparcialidad del proceso".
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