YASunidos y Conaie presionan al Gobierno de Noboa en la Corte Constitucional y la CIDH

Movimientos sociales y ambientalistas como YASunidos y la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) dieron a conocer este 10 de mayo acciones legales para presionar al Gobierno de Daniel Noboa en dos temas ambientales.

Representantes de esas organizaciones ofrecieron una rueda de prensa en los exteriores de la Corte Constitucional, en Quito.

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Pedro Bermeo, representante de YASunidos, informó que el 8 de mayo su organización presentó un escrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En ese documento se detalla lo que YASunidos considera un incumplimiento de los resultados del plebiscito del 5 de febrero de 2023, en tema del Bloque 43 del Yasuní ITT.

Según Bermeo, el actual Gobierno incumple con los resultados de la consulta sobre el Yasuní de velar por un retiro progresivo de la maquinaria de explotación petrolera.

Esto, pese a que Noboa emitió el decreto ejecutivo 257 en que establece un Comité de Ejecución que lleve a cabo los procedimientos de cierre del Bloque 43. Para Bermeo, el decreto no establece un cronograma y no garantiza el cumplimiento de la voluntad popular.

La Conaie comparte los criterios de YASunidos cobre el Yasuní ITT y, este 10 de mayo, ambas organizaciones ingresaron un escrito sobre el tema en la Corte Constitucional. Leonidas Iza, presidente de la organización indígena y precandidato a la Presidencia de la República, pide a los jueces verificar el cumplimiento de las sentencias de la propia Corte sobre el Yasuní ITT.

YASunidos y la Conaie también presentaron otro escrito, asimismo basado en una sentencia de la Corte Constitucional para relacionarlo con el proyecto inmobiliario de Olón.

En la sentencia se prohíbe ejecutar proyectos o actividades productivas que afecten a comunidades que viven en ecosistemas de manglar.

Este pedido se realiza por el proyecto de la compañía Vinazín S.A., cuya accionista mayoritaria es Lavinia Valbonesi, esposa del presidente de la República.

Según Iza, las escrituras de los terrenos comprados por la familia Noboa datan del 23 de septiembre de 2023 y añade que serían territorios de los pueblos ancestrales de la Costa. El dirigente pidió que la Fiscalía investigue este caso de "abuso de poder".