El testimonio de la fiscal Lidia Sarabia, quien investiga a Leandro Norero por lavado de activos desde 2022, evidenció cómo el narcotraficante logró torpedear el trabajo de la Fiscalía.
La fiscal Lidia Sarabia fue la última en presentar su testimonio anticipado la noche de este 28 de marzo de 2024, en las investigaciones del caso Metástasis. Sarabia es la fiscal que investigó y logró detener a Leandro 'el Patrón' Norero en mayo de 2022, y que ahora es testigo protegido del caso, tras haber recibido numerosas amenazas de muerte.
El testimonio de Sarabia se extendió por casi dos horas, en las que narró cómo Norero intentó, y muchas veces logró, boicotear la investigación por lavado de activos provenientes del narcotráfico en su contra. La fiscal aseguró que el monto de lavado que se investigaba llegaba a bordear los USD 15 millones.
Como PRIMICIAS ya había revelado, 'el Patrón' había logrado infiltrar la Policía, la Fiscalía y la Justicia. El testimonio de la fiscal, sin embargo, logró explicar cómo esto logró en muchos casos beneficiarlo a él y a su familia en el proceso judicial.
Sarabia narró todas las trabas que ha tenido que enfrentar en un proceso que, de hecho, sigue en camino por las constantes dilaciones. Por ahora está en proceso el juicio que, según ella, está "sumamente debilitado" por todas estas trabas, maniobras de los abogados y por un "fraude fiscal".
Y además un juicio que sigue con irregularidades, según Sarabia, porque hace poco se le retiró el grillete a Lina R., esposa de Norero.
Cerca de terminar su testimonio, entre lágrimas la fiscal contó que este proceso le ha cambiado la vida porque ahora no puede salir "ni a la esquina". Sarabia narró que incluso su familia ha sido amenazada, sin que se entienda que lo que ella hacía era su trabajo en uno de los casos más grandes de lavado que ha visto el país.
Las trabas en la justicia
La fiscal Sarabia comenzó su narración con los meses previos a la detención de Leandro Norero, el 31 de mayo de 2022. Obtuvieron información de que había estado acumulando propiedades y empresas en Ecuador, y luego una asistencia penal internacional de Perú que confirmaba que Norero supuestamente había muerto de covid-19.
Las investigaciones habían hallado que él supuestamente usaba a sus hermanos, esposa y la familia de ella para tener bienes a su nombre. Entonces solicitó las boletas de detención y las órdenes de allanamiento. Pero la primera traba llegó rápidamente, y el juez Vicente Guillén le negó las boletas de detención. "Nos sacó a empujones", aseguró Sarabia.
Sarabia contó que en el allanamiento encontraron armas, por lo que lograron detener a Norero y su familia por flagrancia. Además, encontraron lingotes de oro, 74 relojes de lujo, millones de dólares en efectivo, entre los principales hallazgos.
Una vez iniciado el proceso judicial, las trabas continuaron. Sarabia contó que el juez Ubaldo Macías se negó a dictar prisión preventiva en contra de la esposa de Norero, Lina R., a pesar de que ella aparecía como accionista en las empresas lavadoras.
La Fiscalía apeló dicha decisión y la causa cayó en manos de los jueces Carmen Vásquez, Richart Gaibor y Johann Marfetán (la primera mencionada por Mayra Salazar y los otros dos procesados en el caso Metástasis). La causa se dilató en varias ocasiones y al final, la apelación fue desechada con el voto de Gaibor y Marfetán.
La causa de lavado de activos estuvo en manos de juez Ronald Guerrero (también procesado en Metástasis). A él, la fiscal le pidió varias vinculaciones, pero hubo diferimientos. Él también fue quien le dio la libertad a la hermana de Norero por un supuesto cáncer, que según Sarabia no se comprobó.
Además, este magistrado sacó "a gritos" al equipo de Comunicación de la Fiscalía de una audiencia. Y Guerrero también excluyó del proceso las pruebas relacionadas a Esteban Tircio, la segunda identidad de Leandro Norero.
Las trabas en la investigación
Desde entonces, Sarabia trabajaba principalmente con dos policías de la Dirección de Lavado de Activos (Dilat): una analista financiera, Doris Oviedo, y un agente investigador, Héctor Paredes.
Ambos están procesados también en el caso Metástasis por manipular los indicios de la investigación contra Norero. 'El Patrón' y sus abogados se referían a ellos como "los peones" o "los paquitos".
Sarabia aseguró que el trabajo de los dos agentes era la base de la investigación. Según las investigaciones de Metástasis, ellos estaban aliados con Norero y habrían recibido unos USD 300.000.
La fiscal narró el caso Glen Leroy Bajema, un estadounidense que supuestamente hizo negocios con Norero. Sarabia contó que el hombre que se presentó al testimonio anticipado, por vía telemática, fue un farsante, y que lo descubrieron más tarde cuando el verdadero Leroy se presentó en un consulado de Ecuador en Estados Unidos.
En la investigación, uno de los abogados de Norero, Christian Romero, también procesado, se dedicaba a "empapelar" a la Fiscalía, es decir a ingresar decenas de escritos pidiendo información. Sarabia contó que le pedían 470 tarjetas índice y huellas digitales de personas que no conocían de los hechos. "Decían que (estas personas) aparecían en los informes de la UAFE", aseguró.
La fiscal aseguró que también le pedían gran cantidad de versiones. "Yo no me daba abasto. Pedí incluso personal y apoyo a la Fiscalía de Guayas, Yanina Villagómez (también procesada); y ella me dijo que no tiene fiscales", contó Sarabia.
Además, en la investigación aparecían varias personas que buscaban justificar las riquezas de Norero. Por ejemplo, la fiscal narró que aparecieron varios hombres que aseguraron haber hecho inversiones con 'el Patrón', y una persona incluso dijo que publicó en redes que quería vender oro, que supuestamente correspondían a los lingotes encontrados.
Otra persona aseguraba ser la dueña de los relojes de lujo que tenía Norero, que supuestamente le fueron robados.
Las acciones constitucionales
La fiscal Sarabia contó que, además, en el trámite del proceso antes de la muerte de Norero, se presentaron 14 acciones de habeas corpus, algunas de ellas en simultáneo.
Además, detalló el caso de la acción de protección con la que se liberó la casa de 'el Patrón' en Samborondón. Esta fue una acción " abiertamente ilegítima por falta de competencia del juez", según Sarabia. La fiscal contó que el sorteo fue muy irregular porque fue manual, y la causa recayó en manos de Ángel Lindao (otro procesado del caso).
Lindao decidió devolver la casa de Riberas del Batán al abogado Kevin Prendes (contratado por Norero), quien argumentaba que la vivienda pertenecía a otra persona. "El juez ordena que se entregue el inmueble a una persona que no justificó la propiedad", dijo Sarabia.
La fiscal, además, contó que en esa causa se notificó a Inmobiliar, pero ellos no avisaron a Fiscalía.
Con Inmobiliar hubo otra irregularidad, además de que había múltiples ingresos a la vivienda. Sarabia contó que en un punto el juez le notificó que Inmobiliar dijo que "no puede hacerse cargo de la custodia del inmueble".
La fiscal sostuvo que denunció penalmente por esta decisión al director de dicha institución, Fernando Villacís.
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