La Fiscalía y la Policía reiteran que las declaraciones de Rodney Rengel, quien denuncia supuestos nexos del Gobierno con la mafia albanesa, son falsas.
A través de una videoconferencia, el policía Rodney Rengel, quien se encuentra en la clandestinidad, insistió en denunciar supuestos vínculos del Gobierno del actual presidente Guillermo Lasso con la mafia albanesa.
Rengel es uno de los tenientes de la Policía Nacional que investigó el caso denominado "León de Troya", donde aparecen nombrados Danilo Carrera, cuñado de Lasso; y el asesinado empresario Rubén Cherres.
Sin presentar pruebas, el policía dijo a los medios que la "mafia albanesa dedicada al narcotráfico llegó a financiar la campaña electoral de Lasso en 2021".
Afirmó que fue esa organización delictiva la que supuestamente pidió colocar a Bernardo Manzano como ministro de Agricultura para que facilitase el incremento de cupos de exportaciones de banano, un producto que se usa para camuflar la droga enviada a Europa y Estados Unidos.
Rengel también prometió que próximamente entregará audios que sustenten sus denuncias en contra de Manzano y sobre el caso León de Troya.
En un comunicado a través de sus canales oficiales, la Fiscalía General aseguró que las declaraciones de Rengel "son falsas".
"La institución reitera -como ya fue expresado en la Asamblea Nacional- que su actuación está apegada a la ley", sostuvo un breve mensaje de Fiscalía.
Sobre la fiscal general Diana Salazar, Rengel denunció que ella supuestamente ordenó archivar la indagación del caso León de Troya.
Por su parte, la Policía Nacional de Ecuador emitió otro comunicado en el que señala que "Rengel se encuentra en condición de ausencia injustificada, por lo que la unidad a la que orgánicamente pertenece ha iniciado el trámite legal correspondiente".
En ese sentido, la institución policial comentó que "es necesario hacer énfasis en que sus declaraciones son personales y de ninguna manera representan" al cuerpo de Policía.
Hace poco, Rengel solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras denunciar amenazas de muerte en su contra.
Según el policía, ha tenido que sacar a su familia del país, porque el Gobierno lo ha dejado desprotegido.
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