Ecuador: Tres provincias concentran las investigaciones por lavado de activos

Tres provincias y sus respectivas capitales son las que registran el mayor número de procesos por lavado de activos, en Ecuador. Entre 2020 y 2022, las autoridades han abierto 45 causas por este delito.

En Guayas se han abierto 10 causas al respecto; Carchi es la segunda provincia con siete procesos y en Pichincha hay seis investigaciones por lavado de activos.

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Los otros casos se distribuyen en 13 provincias como Manabí, El Oro, Azuay, Cotopaxi o Esmeraldas, según el informe sobre las Sentencias por lavado de activos, del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado y la Fundación Panamericana para el Desarrollo.

Y, según ese documento, 186 personas naturales (135) y jurídicas (51) han sido vinculadas a estos procesos.

El Observatorio advierte, sin embargo, que a estos 45 procesos abiertos desde 2020 hay que sumar unos 20 que empezaron antes de ese año, pero siguen sin resolución.

Menos sanciones que los vecinos

El Observatorio asegura que, entre 2020 y 2022, nueve personas recibieron una sentencia por el delito de lavado de activos y que el promedio de la pena fue de cinco años y medio.

Una cifra baja con relación a los países vecinos. Perú, por ejemplo, obtuvo 36 sentencias condenatorias en 2021; y Colombia registra un promedio de 43 condenas al año, entre 2011 y 2016.

Pero, además, el 35% de procesados en el país -cuyos casos llegaron a etapas finales- recibieron sentencias favorables, es decir, se ratificó su inocencia.

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"Esto hace que, a pesar de que Ecuador sea un país dolarizado y geográficamente estratégico para el crimen organizado, las sentencias condenatorias por lavado de activos se mantengan muy por debajo de los países limítrofes", explica el informe.

¿El plan de mejora?

Si bien frente al periodo 2011- 2016 existen avances en la lucha contra el lavado de activos y el país cumple 28 de las 40 recomendaciones que ha hecho el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), aún hay puntos que se deben mejorar.

El informe recomienda:

• Establecer una estrategia para combatir al lavado de activos desde un enfoque interinstitucional.
• Una guía de actuación para los jueces sobre los tipos de lavado y su relación con la prueba indiciaria.
• Implementar la investigación patrimonial y financiera paralela dentro de los casos que lleva la Fiscalía con miras a identificar y fortalecer el comiso de los bienes ilícitos.
• Desconcentrar las investigaciones en la Fiscalía o definir un protocolo de actuación para todos los operadores de justicia fuera de la óptica de investigaciones desde Quito.
• Articular la evaluación nacional de riesgo elaborada por la UAFE con las acciones investigativas de la Policía y la Fiscalía.
• Profundizar la comunicación entre los oficiales de cumplimiento de los bancos y cooperativas, con la UAFE, Policía y Fiscalía.