La Corte Constitucional había dado un plazo de dos meses para que la Defensoría del Pueblo presente un proyecto de ley a la Asamblea Nacional.
La tarde de este 28 de junio de 2021 la defensora del Pueblo subrogante, Zaida Rovira, llegó a la Asamblea Nacional para presentar el proyecto de ley para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación.
El trámite se dio luego de que la Corte Constitucional aprobara la despenalización del aborto en casos de violación el 28 de abril de 2021. Ese día, la Corte dio un plazo de dos meses para que la Defensoría del Pueblo presente un proyecto de ley al Legislativo.
Rovira dijo que "hubo temas de fondo que se debatieron en las mesas ciudadanas y con las entidades del Estado para construir una normativa integral y protectora de derechos".
Uno de los puntos más importantes que constan en la propuesta tiene que ver con los requisitos que deberán cumplir las mujeres que deseen interrumpir su embarazo producto de una violación.
El texto dice que deberán llenar una solicitud de consentimiento, aunque aclara que el documento será gratuito. Además, destaca que si la mujer que desea interrumpir su embarazo es menor a 12 años no requerirá ese documento.
En total, el proyecto cuenta con 49 artículos, entre los que se destacan:
- Garantizar la dignidad de las personas gestantes que deseen interrumpir su embarazo en caso de violación, reconociendo que son libres de tomar decisiones para interrumpir legal y voluntaria el embarazo en casos de violación.
- Establecer las obligaciones del sistema nacional de salud y del personal médico que debe intervenir en la práctica de la interrupción legal y voluntaria del embarazo en casos de violación.
- Garantizar el acceso a la atención prioritaria, integral, gratuita, oportuna, humanizada, de calidad y confidencial, antes, durante y después del aborto a las personas gestantes que deseen legal y voluntaria interrumpir su embarazo en caso de violación.
- Guardar el secreto profesional sobre toda la información provista en la consulta médica, incluida aquella relativa al acto de violación que produjo el embarazo.
- Los servicios públicos de interrupción voluntaria del embarazo serán gratuitos.
- El sistema de salud nacional deberá contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud capaces de asegurar la interrupción legal del embarazo.
El proyecto de ley también hace énfasis en los derechos de las niñas y adolescentes que quieran interrumpir su embarazo, luego de una violación. Por ejemplo:
- Acompañamiento legal, psicológico y social, prioritario, especializado y sensible, en todos los niveles de salud.
- El reconocimiento de que las niñas y adolescentes tienen el derecho a brindar su consentimiento en forma libre y autónoma, sobre la base de su edad y madurez.
Además, la propuesta dice que el Estado debe garantizar el acceso universal, seguro, digno, aceptable culturalmente, asequible y de calidad para interrumpir el embarazo en casos de violación.
Lo último