Pese a las restricciones de movilidad y de reunión, además de las dificultades para denunciar, la Fiscalía registró miles de casos de violencia de género e intrafamiliar desde el inicio de la emergencia por Covid-19.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) contempla distintas figuras penales para perseguir los delitos de género y contra los miembros del núcleo familiar.
PRIMICIAS identificó al menos nueve tipificaciones asociadas a estas conductas. Y solicitó a la Fiscalía General del Estado los datos de noticias de delito recibidas, durante la emergencia, por estos casos.
En total se registraron 19.975 casos, entre marzo y agosto, a pesar que durante estos seis meses, en Ecuador se vivieron drásticas restricciones para evitar la propagación del coronavirus.
Sobre estos mismos tipos penales, en el semestre anterior (septiembre 2019 - febrero 2020) hubo 27.807 noticias del delito. Es decir, durante la emergencia hubo una reducción del -26,6%.
El delito más denunciado es el de la violencia psicológica. Ocho de las nueve conductas se redujeron, en relación con el semestre anterior. La única que creció es la de actos de odio por violencia de género, en un 62,5%.
Pero hubo tres denuncias por posibles violaciones incestuosas, delito que en el período anterior no existió, o que por lo menos no se denunció en el país.
Amazonía, la región más insegura
Guayas, Pichincha y Manabí son las provincias que agruparon la mayor cantidad de denuncias por casos de violencia de género e intrafamiliar, durante la emergencia por el Covid-19.
Eso responde a que esas son las jurisdicciones con más pobladores.
Pero, si se obtiene una tasa de las denuncias por cada 100.000 habitantes, en cambio, se observa que este tipo de casos aparecen con mayor intensidad en provincias más pequeñas.
Así, las tasas más altas están en seis provincias de la Amazonía. Aunque tienen menor población, este tipo de conductas se denuncian más.
Casos en trámite
De los 19.975 casos que maneja la Fiscalía, solo el 1,35% han sido resueltos a través de siete vías. Las sentencia condenatoria llegó en 109 casos.
Las demás denuncias todavía están en trámite. La mayoría en investigación previa y pendientes de que se abra esa etapa, en la que los investigadores buscan indicios del cometimiento de un delito.
¿Más casos?
Aunque 19.975 es una cifra alta, puede ser apenas un subregistro.
Durante la emergencia y el confinamiento por el Covid-19, organismos de defensa de los derechos de la mujer y de los menores alertaron de un fenómeno: hay más casos, pero menos denuncias.
Este fenómeno tiene una explicación: víctimas y victimarios convivieron durante las 24 horas del día, lo que hizo más vulnerables a las víctimas y más impunes a los agresores.
Arístides Vara, consultor internacional, considera que el confinamiento es uno de los factores que aumenta el riesgo de violencia de género y violencia intrafamiliar, ya que las víctimas, mujeres y niños, no tienen la libertad ni los medios para denunciar a sus agresores.
En el caso de los femicidios, por ejemplo. La Fiscalía investiga 115 presuntos crímenes cometidos durante marzo y agosto de 2020. Hasta el momento solo dos han sido resueltos.
En un caso en la provincia de Imbabura se encontró culpable al victimario y en otro, en Pastaza, se dictó el sobreseimiento del sospechoso.
Los 113 casos restantes todavía son noticias de delito, es decir, aún no pueden considerarse como femicidios, ya que no han concluido las investigaciones y el proceso judicial.
El dato más reciente de la Fiscalía dice que en Ecuador hubo 29 femicidios entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020. Es decir, un promedio de 4,8 casos por mes.
Sin embargo, la organización Alianza Mapeo Femicidios identificó 69 casos de femicidios en lo que va del año y que 46 de estos se habrían cometido entre los meses de la emergencia.
Según esos datos, el promedio mensual de femicidios en Ecuador es de 8,6 casos. Casi el doble de lo que reporta la Fiscalía.
Por esta razón, la sociedad civil y los defensores de los derechos de la mujer solicitan al Estado otorgar más recursos económicos para que la Fiscalía y la justicia avancen en los casos pendientes y que no haya impunidad.
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