La Fiscalía indaga el crimen de un hombre, que fue quemado en la comunidad de Guamote, como homicidio. Se presume que el fallecido llegó al lugar a extorsionar a los comerciantes.
En comunidades indígenas y campesinas de la zona Centro de Ecuador sentencian a muerte a sospechosos de bandas delictivas, en especial a los extorsionadores, ladrones y sicarios. El último caso se reportó en el cantón Guamote (Chimborazo).
Más de 2.000 personas de 23 comunidades se congregaron en la plaza central para aplicar el castigo indígena con baldes de agua helada, ortiga y latigazos, a un sospechoso de extorsión, aprehendido por la comunidad el 7 de octubre.
Pero aquella presunta corrección terminó con la muerte de Luis Fernando Santos, de 23 años y oriundo de la provincia de Los Ríos.
En Guamote, los comuneros ahora mantienen "la ley del silencio", ya que nadie dice haber presenciado el momento exacto en el que maniataron y quemaron a Santos.
Sin embargo, en vídeos compartidos en las redes sociales se observa cuando lo exhibieron al sospechoso, cubierto solo con ropa interior y era castigado por hombres y mujeres.
El fiscal Roberto Cayambe explicó que el cadáver fue encontrado calcinado, maniatado y al parecer fue golpeado primero con una piedra antes de ser quemado. Agregó que Fiscalía está investigando el delito considerado homicidio.
Según las primeras investigaciones, existen dos hipótesis, según la Policía de Chimborazo. Una que Luis Fernando Santos se movilizaba junto a otra persona en un carro robado y al parecer estaban extorsionando al propietario para que les diera recompensa.
El afectado alertó a los comuneros, que habrían puesto un señuelo y lograron atrapar solo a uno, ya que el otro escapó.
La otra conjetura es que el presunto delincuente estaba en compañía de otro sujeto extorsionando mediante amenazas a dueños de negocios en el cantón para que pagaran determinada cantidad de dinero y evitar los asalten o coloquen explosivos.
Según los agentes investigadores, el hombre calcinado no registraba antecedentes penales. Hasta el mediodía del miércoles 11 de octubre el cadáver estaba en la morgue de Riobamba.
Otros cuatro casos
En febrero de 2023 fueron calcinados dos extranjeros, presuntos sicarios en la parroquia Toacazo, en Cotopaxi.
Alrededor de 350 personas de varias comunidades se organizaron y lincharon a los sospechosos hasta que la sentencia fue la muerte.
En mayo, un hombre oriundo de la Costa fue golpeado hasta morir en el cantón Mocha, en Tungurahua.
Aunque no hubo denuncia formal, se lo acusó de intentar secuestrar a estudiantes de un plantel educativo.
En junio, un hombre que también sería de la Costa fue quemado en la parroquia de Huambaló, en Pelileo. Integrantes de la Junta del Campesinado habrían participado de este castigo con fuego.
Al sentenciado lo señalaron como extorsionador, quien habría intentado asesinar a un comunero de la parroquia.
Hasta el momento no hay procesados por estas muertes en la Zona Centro y, según la Policía de la Zona Tres, están en investigaciones.
Justicia indígena no incluye pena de muerte
Para la abogada Narcisa Chango, en la justicia indígena no existe la pena de muerte, ya que no puede contraponerse a otras normas constitucionales como el derecho a la vida.
"Lo ocurrido en las diferentes ciudades del país no responde a un proceso de justicia indígena, ya que las autoridades deben tener conocimiento del hecho", asegura la abogada.
Agrega que debe existir una investigación del hecho, un careo en asamblea donde todos participan.
La asamblea debe verificar si los implicados son responsables de los hechos y adoptar resoluciones como la reparación integral, indemnización o castigo y la ejecución de la resolución, "pero esa ejecución no incluye la pena de muerte".
"Hay que recordar que la justicia por mano propia no está reconocida en el país y tiene consecuencias penales a quienes la aplican", agregó la abogada.
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