Los gobiernos no han abordado los fallos estructurales del sistema eléctrico nacional que tiene al Estado como regulador, proveedor, dueño, comprador único y moroso. En un sistema así de estatizado, las señales de precio han sido casi totalmente tapadas. Las decisiones importantes dependen de un solo actor, que lleva más de una década en crisis fiscal. De paso, los incentivos de ese actor único —el Estado (los políticos)— no están alineados con el desarrollo de una red eficiente y confiable en el largo plazo, sino con obtener resultados electorales positivos en el corto plazo.

Uno de los principales problemas es que las tarifas se fijan con criterios políticos y, como no hay almuerzo gratis, la distribuidora estatal luego acumula deudas con la empresa estatal que genera la electricidad. Esta situación, por un lado, descapitaliza a la estatal que debería haber invertido para aumentar la capacidad de generación y de transmisión. Por otro lado, espanta a los potenciales inversionistas, dado que, si generan, no tienen mayor garantía de que se les permitirá recuperar su inversión y obtener ganancias. El problema es que nadie quiere pagar el costo político de sincerar las tarifas. Mientras tanto, la demanda de energía crece aproximadamente un 5% al año. Se estima que este año nos enfrentamos a un déficit de entre 850 y 1.300 megavatios.

De los USD 431 millones de inversión extranjera directa (IED) que se registraron en el país entre enero y marzo, al sector eléctrico solo le corresponden USD 365.800. Había la esperanza de que, con los cambios en las normas, permitiendo que la autogeneración llegue hasta un top de 100 megavatios, en lugar de 10 como era antes, aumentaría considerablemente la generación, pero no fue así.

• Aprovechemos la minería

A fines de septiembre, se dio un cambio en la dirección correcta, aunque insuficiente, con el Decreto 515. Este decreto elimina el tope de generación por privados y les permite vender a otros dentro del Distrito Autónomo Energético (DAE). Pero todavía requiere autorización previa del Estado, un estudio preliminar y tiene un límite de 40 años. Lo que el ministerio autoriza, también puede demorar o negar.

Desde hace décadas, el Premio Nobel de Economía Vernon Smith demostró que la energía ya no reúne las características de un monopolio natural y que se puede y debe reformar el sistema eléctrico para que este tenga competencia en sus tres segmentos: generación, transmisión y distribución. Smith sugirió introducir precios variables que le aporten información a los usuarios acerca de cuándo es más caro o barato consumir energía, para que estos tomen decisiones de consumo según una preferencia más informada. En pocas palabras, Smith sugiere introducir señales de precios, lo cual implicaría eliminar el sistema de control de precios que rige en el país. Pero, recordemos, nadie quiere asumir el costo político de cobrar precios de mercado en las tarifas.

Todavía otra alternativa, en sintonía con los cambios del Decreto 515, es estimular el desarrollo de un sistema paralelo de Electricidad Regulada por los Consumidores (ERC). Mi colega Travis Fisher en el Instituto Cato publicó recientemente un estudio donde presenta los primeros pasos de esta reforma en estados como New Hampshire, Utah y Ohio.

Fisher explica que la reforma permitiría que empresas privadas generen energía fuera de la red, con capital privado, sin limitación de cantidad, y que la puedan vender directamente a otros consumidores bajo contratos voluntarios. Fisher explica que estas “empresas estarían físicamente ‘aisladas’ de la red regulada y no estarían sujetas a regulación económica a nivel de los estados ni federal”. Dado que no se interconectarían con los sistemas existentes, las empresas de ERC no impondrían costos ni riesgos de confiabilidad a los clientes actuales.

• Federalismo que preserva mercados

Ya existen generadores privados en Ecuador, pero no tantos como los habría si se les permitiera vender directamente bajo contratos voluntarios a clientes de alto consumo y sin autorización previa del Estado. Unos candidatos naturales para la ERC son las camaroneras en el golfo de Guayaquil, así como también las nuevas minas. En el caso de las camaroneras, muchas están agrupadas y una empresa eléctrica privada podría invertir en generar para vender a todas las que se encuentran dentro de determinada isla. Los camaroneros tienen el incentivo de reemplazar el diésel no subsidiado con una energía generada por un privado, aun cuando esta no sea subsidiada. Por otra parte, los privados tienen el incentivo de invertir para proveer a clientes que es probable que aumenten su consumo con la tecnificación cada vez mayor de la producción (aireadores, alimentadores automáticos).

Lo ideal sería reformar el sistema nacional, pero la reforma de la ERC permitiría avanzar más rápido para resolver un grave problema de competitividad en varios de los sectores más importantes de la economía —camaroneras y minería, por ejemplo— y lo haría a un costo político menor. En un futuro no tan lejano, la coexistencia de dos sistemas, uno estatizado y uno de mercado, podría conducir a un experimento natural que derive en una reforma del sistema nacional.