Comisión de Seguridad de la Asamblea aprueba informe con indicios de tres presuntos delitos en el uso de las cámaras de Segura EP en Guayaquil
La mesa legislativa pide a Fiscalía que investigue el caso e identifique a los funcionarios públicos y terceros que accedieron a información de Segura. El informe se enviará a la Cancillería para que tome acciones sobre los posibles vinculados que viven en el extranjero.
La Comisión de Seguridad de la Asamblea se reunió el 10 de septiembre de 2026.
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Asamblea Nacional.
Autor:
Redacción Primicias
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La Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional aprobó el 10 de septiembre el informe de la fiscalización al uso que se dio a las cámaras de videovigilancia de Segura EP, en Guayaquil, durante la administración del alcalde Aquiles Alvarez.
La mesa legislativa dominada por Acción Democrática Nacional (ADN) concluye que hay indicios de que la información que obtenían las cámaras de seguridad pudo ser entregada o compartida a terceras personas que no eran parte de Segura.
Para el efecto, se habría solicitado la creación de una sala espejo, aunque no existen documentos que determinen que este pedido se ejecutó.
Con estos elementos, la Comisión de Seguridad considera que hay indicios de que se pudieron configurar, al menos, tres presuntos delitos: asociación ilícita, acceso no consentido a sistema informático y tráfico de influencias.
Pedidos de investigación
El informe aprobado recomienda a la Fiscalía General del Estado, dentro de sus competencias, profundizar las investigaciones que adelanta en torno al uso y difusión de la información de las cámaras de Segura EP.
La Comisión considera fundamental determinar la cadena de decisiones, así como la autorización, habilitación y control de accesos dentro de esa entidad del Municipio de Guayaquil. ADN pide a la Fiscalía que individualice a los funcionarios públicos y personas naturales que pudieron intervenir.
También, pide tomar acciones a la Contraloría General del Estado, la Superintendencia de Protección de Datos, el ECU911 y a la propia Segura EP para que fortalezca sus protocolos de seguridad y tenga una normativa más robusta para el control interno.
Debate sobre el informe
El asambleísta de la bancada de Revolución Ciudadana (RC), Gerardo Machado, aseguró que el informe no estaba bien estructurado porque, a su criterio, en un tema tan delicado la Comisión no estaría basando el documento en certezas, sino en sospechas y presunciones que todavía son investigadas.
El correísta también señaló que, si hubo un acceso indebido a las cámaras de Segura EP, el informe debería identificar a los responsables y que la sola solicitud de instalar una sala espejo no es prueba de alguna irregularidad.
El asambleísta Andrés Castillo, que también conforma esa comisión, coincidió con Machado y por eso pidió que en las conclusiones se dejen definidos los nombres de Fernando Cornejo, expresidente del Directorio de Segura EP y del técnico Franklin Andrés Asqui Contreras, como directamente vinculados a las supuestas irregularidades.
Durante las comparecencias, Cornejo reconoció que se reunió en una ocasión, a través de la plataforma Zoom, con el expresidente Rafael Correa y otros dirigentes el correísmo.
En el audio se escucha a Cornejo a explicar a Correa que "para no levantar sospechas" pidió información sobre el distributivo de los agentes de Tránsito de Guayaquil de los últimos seis meses y no solo de un día, lo que hace presumir que compartía información con el exmandatario.
Con este antecedente, la asambleísta excorreísta y una de las mayores defensoras de Rafael Correa, en su momento, Jhajaira Urresta, pidió que el informe también sea enviado a la Cancillería para que esa entidad aplique las acciones que corresponda.
Para Urresta, la persona que habría dado la orden de monitorear con las cámaras de seguridad a ciertas personas, con fines políticos, se mueve entre Brasil, México y Bélgica, por lo que es necesario que el Ministerio de Relaciones Exteriores tome cartas en el asunto.
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