Comisión recomienda a la Asamblea avanzar con proyecto que permite siembra de plantas de cannabis en casa

Aunque con observaciones, la Asamblea Nacional iniciará el trámite del proyecto de Ley para la Regulación Integral del Uso Responsable del Cannabis del Ecuador, planteada por organizaciones sociales y activistas.

El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, convocó al Pleno para conocer y resolver sobre el informe que elaboró una comisión ocasional, conformada para revisar que la propuesta cumpla con los requisitos formales y así empezar su tratamiento.

El documento elaborado por los asambleístas Milton Aguas, de Acción Democrática Nacional (ADN); Eliana Correa, de Revolución Ciudadana (RC); y Jhajaira Urresta por los independientes, recomienda la admisibilidad del proyecto.

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La iniciativa popular normativa ingresó a la Asamblea el 21 de agosto de 2025. Los proponentes consideraron que la legalización controlada reducirá los índices de criminalidad en torno a la comercialización del cannabis e impactará negativamente en las ganancias de los grupos del narcotráfico y crimen organizado. 

Además, aseguraron que existirá un mejor control estatal sobre la calidad del producto que llega a los consumidores ya que, según los activistas, la actual penalización ha generado la distribución del cannabis mezclado con sustancias peligrosas para la salud. 

Admisibilidad con observaciones

En septiembre de 2025, cuando se conformó la comisión ocasional, la legisladora Jhajaira Urresta adelantó que el trabajo de este grupo era revisar aspectos de forma, más no de fondo del proyecto.

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En el informe, que conocerá la Asamblea el próximo 7 de abril, se dan algo más de una docena de observaciones que deberán ser tomadas en cuenta cuando se elabore el proyecto en algunas de las comisiones legislativas.

Estas observaciones son de tipo técnico, médico y político:

• La propuesta establece un límite de 30 plantas para autocultivo, pero no se especifica si se controlará por domicilio, persona natural o registro nacional. Esto podría abrir espacio a duplicaciones o vacíos legales.
• La creación del Consejo Consultivo del Cannabis requiere un estudio presupuestario realista. Se debería definir si su financiamiento provendrá de tasas, licencias o del Presupuesto General del Estado.
• El proyecto busca reparar daños de la criminalización, pero no asegura mecanismos de inclusión efectiva para comunidades históricamente afectadas (jóvenes pobres, afrodescendientes, campesinos). Podría incorporarse un régimen de licencias preferenciales.
• La ley apunta a reducir mercados ilegales, pero sin un plan interinstitucional claro sobre si la Policía y Fiscalía tendrían una superposición de competencias o vacíos que mantengan la informalidad.
• Reconoce el uso medicinal, pero se limita a prescripción médica. Es necesario un protocolo nacional de guías clínicas para estandarizar diagnósticos (cáncer, epilepsia, dolor crónico, salud mental) y evitar la discrecionalidad.
• La prohibición para menores de 18 años es adecuada, pero debe complementarse con campañas educativas y estrategias de reducción de riesgos, financiadas con parte de los ingresos de la industria.
• No se contempla un sistema de incentivos para investigación médica y científica sobre el cannabis en universidades, hospitales y centros de investigación nacionales. Esto limitaría la generación de evidencia local.