Asamblea aprueba reforma a la Ley de Tránsito que regula el servicio de 'delivery' y el uso 'scooters' y motos eléctricas

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el 3 de septiembre un extenso paquete de reformas a la Ley de Tránsito y Seguridad Vial que incide en las competencias municipales en materia de tránsito, regula el uso de radares en las vías y hasta pone reglas a los llamados 'scooters', motos eléctricas y al servicio de delivery o pedidos a domicilio. 

El proyecto fue aprobado con 87 votos de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN) y los independientes que apoyan al oficialismo, incluso por los legisladores de oposición como Pachakutik. La Revolución Ciudadana (RC), como es habitual en otros proyectos de ley, se opuso a la propuesta.

Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, explicó que el informe para segundo debate recogió unas 19 propuestas de reforma a la Ley de Tránsito, que ingresaron a la Asamblea desde hace cuatro años.

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"Esta reforma se sostiene en tres pilares: lucha contra la corrupción y el crimen organizado; la protección de la vida y la seguridad vial; y el tercero es la tecnificación y modernización de los sistemas de tránsito", explicó Centeno que defendió el trabajo de la mesa legislativa.

El correísta Diego Salas, parte de la Comisión de Desarrollo Económico, reconoció que el texto recoge algunas de las demandas ciudadana como "poner un alto al negocio infame y extorsivo de los fotorradares privados".

Aunque Salas calificó como una "cortina de humo" esos artículos de la ley, porque a criterio del asambleísta opositor el "proyecto es centralista, improvisado y redactado a espaldas de la patria". 

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Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano (PSC) dijo que en su mayoría, el proyecto es positivo, porque propone regular la movilidad de scooters y motos eléctricas. Además, de establecer reglas para el funcionamiento de quienes entregan pedidos a domicilio. 

También, consideró positivo que la reforma proponga que el control de las carreteras esté en manos de la Policía Nacional, porque eso ayudaría a combatir las actividades ilícitas del crimen organizado.

Según Serrano, hay algunos errores y temas que se debía corregir. Por ejemplo, que existía duplicidad y contradicción en la disposición reformatoria quinta y sexta: "En una califican como contravención de cuarta clase y en la otra (que es la misma contravención) de quinta clase, cómo va a actuar el juez", cuestionó.

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Esa observación fue acogida por el Pleno de la Asamblea y se votó en un segundo bloque que no fue aprobado, por lo que quedó fuera de la ley.

El documento que se compone por 78 artículos será enviado al presidente de la República, Daniel Noboa, para el respectivo veto, de ser el caso, o la disposición de que se lo publique en el Registro Oficial para que entre en vigencia.