Caso Blindado: Fiscalía pide medidas cautelares contra jueces que habrían favorecido a Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas

La Fiscalía General del Estado solicitó este martes, 1 de septiembre de 2026, que se dicten medidas cautelares contra siete personas naturales y tres empresas vinculadas al Caso Blindado, una investigación por presunto lavado de activos.

El expediente, que inicialmente involucró al alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, y a otras siete personas, pasó a conocimiento de la Corte Nacional de Justicia debido al fuero que corresponde a los jueces involucrados en la investigación.

Entre los nuevos vinculados constan jueces de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas y representantes de personas jurídicas. Mientras que Villacís, a quien habrían beneficiado, lleva casi tres meses con prisión preventiva.

Durante la audiencia, el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, solicitó a la jueza nacional Daniella Camacho que dicte prisión preventiva contra Carlos A., Simón M. e Iván S.

Para Genaro R., Juan M., Juan J. y Luis O., la Fiscalía pidió arresto domiciliario y la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónica.

En cuanto a las empresas, la Fiscalía solicitó medidas reales, entre ellas la retención, inmovilización y congelamiento de fondos, así como la prohibición de enajenar bienes.

Alarcón argumentó que estas medidas se sustentan en la existencia de riesgos procesales y buscan evitar una eventual obstaculización de la investigación.

¿Qué investiga la Fiscalía en el Caso Blindado?

La Fiscalía investiga un presunto esquema de lavado de activos cuyos delitos precedentes serían el cohecho y el prevaricato.

La investigación se inició en noviembre de 2025, a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Según la Fiscalía, el posible lavado de activos alcanzaría aproximadamente los USD 9 millones.

Los recursos presuntamente habrían ingresado a cuentas vinculadas al alcalde de Esmeraldas, sus familiares y empresas relacionadas. Parte del dinero también habría sido destinado a la adquisición de bienes y al movimiento de fondos hacia cuentas en el exterior.

Entre los hechos que forman parte de la investigación consta el retiro de aproximadamente USD 980.000 en efectivo. Para movilizar ese dinero, presuntamente se habrían utilizado vehículos blindados, de allí la denominación del caso.