Integración del Consejo de la Judicatura: el pulso político se intensifica para lograr la mayoría

Las postulaciones van y vienen. Pero, en siete meses, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no ha logrado conformar el nuevo Consejo de la Judicatura (CJ). Los intereses políticos detrás de esa elección han provocado una prórroga de 169 días en ese organismo, encargado de la administración del sistema de justicia y el control disciplinario a sus operadores.

El CJ, según la normativa ecuatoriana, se conforma con representantes de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), de la Presidencia de la República, de la Asamblea Nacional, de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Defensoría Pública.

Cada entidad debe enviar al CPCCS una terna de candidatos. Y Participación Ciudadana debe seleccionar al mejor de cada lista y a un suplente. Esa designación tenía que estar lista el 29 de enero de 2025, pero han pasado más de cinco meses, y no se ha concretado.

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Siete meses de idas y vueltas

El CPCCS empezó el proceso de renovación de la Judicatura, el 16 de diciembre de 2024. Ese día solicitó las ternas a las cinco entidades involucradas. El objetivo era llenar las vacantes antes de la finalización del período, a finales de enero.

Entre el 30 de diciembre de 2024 y el 17 de enero de 2025, la CNJ, la Asamblea, la Defensoría Pública y la FGE presentaron sus ternas. Pero el concurso se quedó en suspenso. Sin explicación, el presidente Daniel Noboa —que estaba en plena campaña electoral— no presentó su lista de postulantes.

Así pasaron varios meses. Hasta que en mayo de 2025, una vez que Noboa ganó la reelección y consolidó una mayoría en la Asamblea Nacional, el concurso se reactivó. 

El primer movimiento ocurrió, justamente, en el Legislativo. La mayoría de Acción Democrática Nacional (ADN), organización de Noboa, dejó sin efecto la terna que había aprobado el período anterior, asegurando que la Revolución Ciudadana (RC) y el Partido Social Cristiano (PSC)  habían intentado sacar provecho.

El 8 de julio de 2025, ADN mocionó y aprobó una nueva terna. Y de manera simultánea otras listas de candidatos se fueron desarmando y otras completando. Santiago Valarezo renunció a la terna de la Defensoría Pública.

Pero, además, Edison Toro, quien era el tercero en la lista de la Corte Nacional, fue inhabilitado porque asumió un cargo en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Y el 9 de julio de 2025, José Suing, presidente de la CNJ, resolvió que el reemplazo sería Mario Godoy, actual titular de la Judicatura.

El mismo día, además, la Presidencia de la República —de manera sorpresiva— también presentó su terna. Es decir, el concurso se había destrabado. Solo faltaba el reemplazo de Valarezo en la terna de la Defensoría. Pero, nuevamente, el proceso se detuvo.

Movidas políticas y nuevas renuncias

Tras el 9 de julio de 2025, el día en el que aparentemente el proceso de selección de la nueva Judicatura avanzó, el proceso —otra vez— empezó a tener bajas. La primera fue la de Marco Rodríguez, juez que encabezaba la postulación de la Corte Nacional.

En su carta de declinación, Rodríguez aseguró que los movimientos que terminaron en la inclusión de Godoy en la terna conculcan el Reglamento para la designación de los vocales del Consejo de la Judicatura, lo cual, "no garantiza que en esta designación, primen parámetros de méritos, experiencia y conocimiento".

Godoy es actualmente el presidente de la Judicatura. Antes de llegar a ese cargo fue procurador Síndico de Petroecuador, en el Gobierno de Daniel Noboa. Además, ha sido relacionado con Fausto Jarrín, exasambleísta del correísmo y quien, actualmente, estaría asesorando externamente a Noboa.

La Corte todavía no tiene fecha para nombrar al reemplazo de Rodríguez. Pero, ese no es el único caso de nuevas renuncias, que han dejado ver un trabajo —desde distintos frentes— para construir una mayoría que podría resultar afín al Gobierno en la nueva Judicatura.

En la Asamblea Nacional, la terna nombrada por la mayoría afín a Noboa, tiene nombres que llaman la atención. Por ejemplo, está el caso de Walter López, quien fue el tercero de esa lista, pese a que es el asambleísta alterno de Pablo Jurado, miembro de la bancada de ADN.

Por este conflicto de intereses, López renunció y la Asamblea eligió al imbabureño Carlos Espinoza en su reemplazo. Espinoza se suma a los nombres de María Emilia Grijalva y Fabián Fabara. Este último, que encabeza la terna, es el presidente de la Corte de Pichincha.

Fabara, actualmente, es objeto de un proceso disciplinario en la Judicatura, presidida por Godoy. En mayo pasado, la Dirección Disciplinaria de Pichincha recomendó su destitución. Pero ese proyectó todavía no ha sido tratado por el Pleno. Esa sanción podría truncar su postulación.

Del lado de la terna del Ejecutivo, en cambio, ha habido dos renuncias. Primero, declinó Andrés Jaramillo, ya que es hermano de Roberto Jaramillo, actual asambleísta de ADN. Roberto Jaramillo impulsa el juicio político en contra de Solanda Goyes, actual vocal de la Judicatura, que hace oposición a la gestión de Godoy.

Su reemplazo en la terna es Gilberto Pino, exgobernador de Santa Elena en el primer período de Noboa. Además, fue representante del Mandatario ante el directorio de la Agencia de Regulación y Control del Transporte Terrestre. También es el abogado de Mauricio Ponce, director de ADN en Santa Elena y actualmente indagado por presunto abuso sexual y aborto forzado.

La segunda renuncia a esa terna fue la de Carlos Falconí Lindao, quien encabezaba la postulación presidencial. En su caso, su renuncia se debió a un conflicto de intereses, ya que es asambleísta alterno de Sade Fritschi, actual legisladora de ADN y exministra del Gabinete de Noboa.

El reemplazo de Falconí Lindao todavía no ha sido confirmado. El nombrado se juntará a Pino y a Ivonne Núñez, actual ministra de Trabajo de Noboa.

Así, las ternas del Ejecutivo, de la Asamblea y de la Corte Nacional tienen a personajes ligados políticamente o laboralmente al Gobierno de Noboa; con lo que ya habría una mayoría. Además, resta conocer quién será el nuevo nombre en la lista de la Defensoría Pública.