Correísmo, Unidad Popular y Reto aún enfrentan procesos en el TCE en plena cuenta regresiva para elecciones seccionales en Ecuador 

Entre los casos más relevantes consta la causa 029-2026-TCE, en la que una denuncia remitida por la Fiscalía General del Estado derivó en la suspensión del movimiento correísta por nueve meses el 6 de marzo de 2026. Según el TCE, la medida se aplicó conforme a la normativa electoral y se mantiene activa hasta ahora.

El movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa enfrenta un proceso penal por supuestos aportes irregulares de Venezuela en la campaña electoral de 2023, en el caso denominado Caja Chica.

Antes del feriado del 24 de Mayo, el movimiento presentó otro recurso ante el TCE para que se levante  la reserva de la investigación por esta causa. En el escrito, la presidenta de la lista 5, Gabriela Rivadeneira, aduce que la reserva de la investigación le impide ejercer su derecho a la defensa y cuestiona que el movimiento permanezca suspendido sin conocer formalmente las acusaciones.

La Revolución Ciudadana presentó recursos contra resoluciones del CNE relacionadas con la suspensión de la organización y la actualización del calendario electoral. Ambos recursos fueron inadmitidos, uno por falta de competencia del Tribunal y otro por falta de legitimación activa.

En estas condiciones, la dirigencia de la organización política aseguró que tiene un nuevo partido para las elecciones seccionales, pero que lo mantiene en secreto por 'temor' a represalias.

En el caso de Unidad Popular, el Tribunal inadmitió un recurso presentado contra el inicio del proceso de cancelación impulsado por el CNE, que le achaca a este partido de izquierda no contar con el mínimo de afiliados. El recurso no fue admitido debido a que fue presentado fuera de plazo. 

Geovanni Atarihuana, dirigente de este partido, anunció que acudirán nuevamente al TCE para exigir que se declare la nulidad de su cancelación, una medida que fue ratificada el 20 de mayo por Atamaint y dos consejeros suplentes.

La tesis de UP es que el límite legal para tomar este tipo de resoluciones venció el 3 de abril, es decir, 120 días antes de la convocatoria a elecciones. Y asegura que el CNE actuó 23 días después de ese plazo.

Atarihuana llamó a la jueza Ivonne Coloma, en quien recayó la impugnación y demuestre independencia. A su vez, convocó a todas las fuerzas sociales y políticas a participar de una marcha nacional por la democracia en Quito, para el miércoles 27 de mayo.

Paralelamente, dos quejas contra autoridades del CNE permanecen en trámite, incluyendo una contra la presidenta del organismo, Diana Atamaint, y otra contra el consejero José Fernando Merino.

El movimiento Construye enfrentaba una situación simular que Unidad Popular, pero una vez que agotó todos sus recursos en el TCE fue borrado de registro nacional permanente de organizaciones políticas.

La organización desapareció del registro el 18 de mayo de 2026, luego de que el TCE inadmitiera un recurso contra la resolución del CNE que canceló a la organización política por falta de afiliados, argumentando presentación extemporánea.

Así, este movimiento que en las pasadas elecciones impulsó a figuras como Fernando Villavicencio (2023) o Henry Cucalón (2025) para la Presidencia de la República no podrá participar de estos comicios. Fue la bandera con la que llegaron a la Asamblea Ana Galarza, Jorge Peñafiel, entre otras.

Por otra parte, el movimiento Reto también enfrenta varios procesos internos ante el organismo electoral. La organización política es liderada por Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, y el asambleísta Raúl Chávez, ambos vinculados por supuesta delincuencia organizada y lavado de activos en el caso Goleada.

Uno de los procesos en el TCE está relacionado con la elección de su Consejo de Disciplina y Ética, y continúa en trámite. Mientras, el 22 de mayo el juez electoral Ángel Torres anuló las elecciones internas de la última asamblea nacional del movimiento por supuestas irregularidades, aunque esto todavía puede ser apelado ante el Pleno. 

Otro recurso vinculado a la elección del Secretariado General fue archivado luego de que el recurrente no completara los requisitos exigidos por el juez. 

En un tercer caso, el TCE declaró la nulidad de la elección de directivas provinciales por vulneraciones a la normativa legal y reglamentaria; actualmente la apelación sigue en trámite, pero el movimiento expresó su desconfianza al acusar dilaciones en las audiencias y "actuaciones contradictorias" de los jueces electorales..

"La falta de transparencia, las dilaciones y las actuaciones contradictorias dentro del TCE generan incertidumbre y afectan gravemente la confianza ciudadana en la justicia electoral y en la garantía de elecciones libres y transparentes", señaló Reto en sus redes sociales.

Por su parte, Izquierda Democrática (ID) registra varias causas archivadas e inadmitidas. El Tribunal rechazó un recurso relacionadmeo con la actualización del calendario electoral por falta de legitimación activa..

Al menos diez recursos vinculados con decisiones internas de la Convención Extraordinaria Nacional fueron archivados porque los recurrentes no completaron los requisitos solicitados por los jueces electorales.

Otras tres causas relacionadas con procesos disciplinarios internos del partido fueron inadmitidas por haber sido presentadas fuera de plazo. El partido fundado por el expresidente Rodrigo Borja sigue inmerso en un disputa interna que se agravó con la designación de Carlos Rabascall -cercano al correísmo- como candidato a la presidencia en 2025.

A inicios de febrero, una facción del partido en la línea de la concejal de Quito, Analía Ledesma, logró celebrar una convención nacional en la que se eligió al nuevo presidente de la ID, el manabita Marco Dueñas. Eso fue impugnado por el sector de Enrique Chávez.