Copedesa, vinculada a Aquiles Alvarez, causó un perjuicio de USD 94 millones al Estado, asegura el Gobierno
El secretario General de Integridad Pública, José Julio Neira, defiende la suspensión de gasolineras de Copedesa, vinculadas al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.
La sede de Copedesa, empresa denunciada por supuesta venta irregular de combustibles, en una imagen de archivo.
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Redacción Primicias
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El secretario General de Integridad Pública, José Julio Neira, aseguró este viernes, 20 de septiembre de 2024, que las gasolineras de la empresa Copedesa, vinculada al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, ocasionaron un perjuicio de USD 94 millones y negó que se trate de un caso de persecución política.
El funcionario difundió un video en redes sociales tras la suspensión de, al menos, 11 de las estaciones de servicio Copedesa en Guayas.
Allí, Neira explicó que “el acto ilícito consistía en usar las compañías hoy denunciadas para la compra de diésel con subsidio que debía ser comercializado dentro de un segmento específico, entiéndase automotriz, industrial o naviero, pero que, en la práctica, era desviado de un segmento a otro”.
Por ejemplo, dijo, se observó que el diésel subsidiado del segmento automotriz del centro de distribución Gasquil S.A. se desvió a la comercializadora de combustibles Corpalubri S.A., que pertenece al segmento industrial, en beneficio de los accionistas de las empresas denunciadas del grupo Alba3.
¿Cómo establecieron el daño económico causado por el supuesto desvío de diésel subsidiado? Según Neira, para esto tomaron en cuenta dos variables, tras un cruce de información entre las entidades de control y regulación y el Servicio de Rentas Internas (SRI).
En primer lugar, calcularon la diferencia entre el precio de diésel con subsidio y el precio sin subsidio. Luego, multiplicaron la diferencia por el número de galones vendidos en los años 2021, 2022 y 2023.
“Así se identificó que el perjuicio al Estado de ecuatoriano es de aproximadamente USD 94 millones”, enfatizó.
El funcionario negó que se trate de un caso de persecución política, como lo sostiene el alcalde Aquiles Álvarez, de la Revolución Ciudadana, enfrentado con el Gobierno de Daniel Noboa.
“Hay que dejarlo muy claro: esto no es una persecución política porque, en el momento que se cometió el acto ilícito, uno de los sujetos denunciados era un ciudadano sin ninguna afiliación política que tomó ventaja de la corrupción enquistada en el viejo Ecuador para beneficiarse y ahora es quien maneja los recursos públicos de la Perla del Pacífico”, anotó Neira.
Por esta causa, el Ejecutivo presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado y el caso se denomina Triple A.
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