Ecuador | Tres leyes urgentes del oficialismo que siguen en pie acumulan demandas ante la Corte Constitucional

El oficialismo en el Ejecutivo y Legislativo sigue apostando por las leyes económicas urgentes. Los últimos dos proyectos llevan por nombre "fortalecimiento", sea crediticio o de las fuerzas del orden. El primero entró en vigencia a inicios de octubre y ya tiene seis demandas de inconstitucionalidad en su contra, y el segundo sigue en trámite.

Pero, a diferencia de los primeros proyectos urgentes del presidente Daniel Noboa, estos han sido breves, concisos y monotemáticos. Principalmente, porque los proyectos iniciales de Integridad Pública y Solidaridad Nacional se convirtieron en una especie de leyes trole, vulneraron el debido trámite en la Asamblea y finalmente fueron echados abajo por la Corte Constitucional (CC).

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Los magistrados tramitaron casi una cuarentena de demandas ciudadanas en contra de esas dos normativas. Pero la más cuestionada fue la que modificaba el Servicio Público e incluía la polémica emergencia judicial, reformas penales, monetarias, judiciales, de movilidad humana, de cooperativas y hasta cambios al Código de la Niñez, para juzgar como adultos a los menores de edad.

Ahora, aunque en menor escala, restan todavía 16 demandas que esperan respuesta sobre tres leyes económicas urgentes que entraron en vigencia desde mediados de julio: Áreas Protegidas, Transparencia Social y Fortalecimiento Crediticio.

Esto sin contar las cuatro demandas de inconstitucionalidad que pesan sobre la polémica Ley de Inteligencia, proyecto ordinario heredado del correísmo y ajustado y aprobado por Acción Democrática Nacional (ADN) en la Asamblea.

El contenido de las leyes

Una de las principales implicaciones de la nueva Ley de Fortalecimiento Crediticio es que otorga al Banco del IESS (Biess) la facultad de vender los créditos en mora —hipotecarios, quirografarios o prendarios— que no han sido pagados a tiempo por afiliados o jubilados.

Además de la venta de la cartera vencida a entidades privadas, esta norma permite la designación del vocal del Consejo Directivo del IESS directamente desde el poder Ejecutivo y plantea que el costo operativo de la elección de los vocales restantes se realice con cargo al presupuesto del IESS.

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La de Transparencia Social, más conocida como Ley de Fundaciones, generó nuevos controles sobre las organizaciones de sociedad civil en Ecuador y estableció como autoridad en la materia a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

Esta normativa ha sido cuestionada porque permitiría, según los demandantes, la persecución o presión a las fundaciones y organizaciones sociales. Una de sus reformas a la Ley de Lavado de Activos creó la medida cautelar administrativa excepcional de inmovilización de fondos. Es decir, el congelamiento de cuentas bancarias.

Esta polémica Ley urgente además incluyó reformas a la Ley de Minería, al mecanismo de liquidación de Empresas Públicas, y sobre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y los pasivos de instituciones y empresas públicas.

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La Ley de Áreas Protegidas ha sido criticada por permitir la gestión privada de las zonas protegidas, porque abriría la posibilidad de acaparamiento de tierras y por no haber sido consultada con los pueblos y nacionalidades.

Pero, al mismo estilo que las leyes derogadas, ADN incluyó reformas no relacionadas con la temática de la normativa: la remisión para deudores de la Corporación Financiera Nacional (CFN), exoneraciones para carros eléctricos, reducción del IVA en los feriados, condonación para pescadores artesanales, operación de vuelos domésticos.

Y, finalmente, el nuevo proyecto económico urgente de Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que tuvo su primer debate en el Legislativo, el 14 de octubre, busca viabilizar las donaciones privadas para las fuerzas del orden y rescatar así una parte de las leyes eliminadas.