"Cirugías, muñecos y gusanos": así sería la operación que involucra a la mafia albanesa en el robo de combustible en Ecuador
La red de la mafia albanesa en Ecuador estaría diversificando sus operaciones ilegales en Ecuador hacia el robo de combustibles del poliducto estatal. La Fiscalía procesa a 16 implicados por delincuencia organizada, en un entramado de perforaciones técnicas, sobornos y cooptación policial.
Imagen referencial: Dos personas fueron detenidas durante un operativo militar cerca del poliducto en Playas, Guayas, el 28 de diciembre de 2025.
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@EjercitoECU
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La penetración de la mafia albanesa en Ecuador ha tomado un rumbo distinto. Tras años de rastros de sus operaciones ligadas al tráfico de cocaína y blanquear sus millones de dólares, sus tentáculos habrían llegado a la sustracción hidrocarburífera.
Un proceso judicial destapado a mediados de julio de 2026 evidencia que esta estructura transnacional montó una red paralela para saquear el combustible del poliducto de la estatal Petroecuador.
Esta incursión en el robo de hidrocarburos marca un quiebre. Hasta ahora, la operación delictiva del grupo delictivo albanés había estado ligada directamente al narcotráfico de cocaína con la contaminación de contenedores de exportación y el posterior lavado de activos.
Según la investigación de la Fiscalía, el modus operandi de esta agrupación incluye pinchazos al poliducto estatal, transporte en camiones robados, sobornos de hasta USD 1.500 a patrullas y el rol de un sargento de policía en servicio activo.
De la cocaína a la gasolina
Durante años, la banda liderada por capos balcánicos como Dritan Gjika, alias 'Tony', operó bajo el camuflaje de exportadoras frutícolas y mineras, blanqueando más de USD 30 millones en Ecuador. Su captura en Abu Dabi ocurrió el 26 de mayo de 2025 y su extradición está en proceso.
Sin embargo, la delincuencia organizada mutó. El proceso 17U05-2026-00071 devela que la red incursionó en el robo de combustible, un negocio ilegal que solo por esta estructura habría generado un perjuicio al Estado de USD 127 millones.
Solo en el Poliducto Quito - Santo Domingo - Esmeraldas, según la Fiscalía, el robo sistemático supera el 60% de ese valor global. Hasta el 15 de julio de 2026, la actividad delictiva de esta red sustrajo aproximadamente 50.000 barriles de combustible. El modus operandi incluye pinchazos, "muñecos" y camiones robados.
Para extraer el hidrocarburo, la organización realizaba perforaciones técnicas clandestinas o "cirugías", como las denominaban sus propios miembros, en la tubería del poliducto. Luego, instalaban un acople clandestino llamado "el muñeco" para desviar el flujo de combustible.
El combustible era bombeado a gran velocidad a través de mangueras llamadas "gusanos". Los operarios cargaban cisternas de 250 galones colocadas en camiones pesados para ocultar la carga ilegal.
Para blindar su transporte, la organización utilizaba camiones robados, que tenían alerta activa de robo. De esta forma, evitaban el rastreo policial a sus vehículos propios y despistaban los controles viales.
Escuchas, seguimientos e infiltración policial
La Fiscalía sustenta el caso en seis antecedentes. La primera ocurrió el 16 de enero de 2026 en Quinindé, donde la Policía detuvo un convoy de tres vehículos con 11 cisternas que contenían 2.520 galones de gasolina de procedencia ilícita.
En esa fecha, se capturó a Darwin Mora y Marco Pérez, conductores de dos camiones Mitsubishi, escoltados en un Kia blanco por Eddy Morales y José Ponce, quienes coordinaban el viaje. Hoy todos son procesados por delincuencia organizada.
El segundo hecho data del 25 de marzo de 2026 en Chigue, zona rural de Esmeraldas. El operativo Metanos sorprendió a un grupo perforando el poliducto. Se detuvo a José Ponce, Carlos C., Jonathan C. y Fabián Q. con 3.000 galones. El primero es parte de los procesos.
El tercer antecedente ocurrió el 27 de marzo de 2026 en Quinindé. En un autohotel, la Policía capturó en flagrancia a Miguel Calle y Danny Herrera con dos camiones con 5.000 galones de gasolina.
La cuarta captura ocurrió el 2 de mayo de 2026 en La Unión, cuando una perforación fallida provocó la ruptura descontrolada del ducto. Una enorme columna de combustible de unos 30 metros obligó a la intervención militar
El quinto antecedente se dio el 9 de mayo de 2026, con la detección de otra toma clandestina mediante un dron. Y el sexto ocurrió el 14 de mayo de 2026, cuando las patrullas hallaron seis vehículos abandonados en la vía pública.
Según la Fiscalía, esta red criminal respondía a la mafia albanesa y contaba con cooptación uniformada. Entre los procesados figura Mario Quintero, alias 'Sargento', un servidor policial con 20 años de servicio que filtraba información de inteligencia.
Además, en las escuchas telefónicas que forman parte del caso se devela que la cúpula manejaba una contabilidad de sobornos para los uniformados. Se pactó una tarifa de USD 1.000 por cada tanquero, USD 1.500 por camiones tipo "mula" y USD 500 por carros pequeños para poder circular libremente.
El progresivo 927 devela que, tras ser interceptados tres camiones cargados, agentes de la Policía Judicial les exigieron el pago de un soborno de USD 2.000 para no formalizar la incautación del combustible y liberar a los transportistas.
El proceso penal
El juez de la causa, Renán Andrade, dictó prisión preventiva para 16 procesados el 17 de julio de 2026. La Fiscalía formuló cargos contra Martín Quiñónez, alias 'Quiño', y José Ponce como líderes.
Los otros 14 procesados enfrentan cargos en calidad de colaboradores. Entre ellos se encuentran Eddy Morales, alias 'Pato', y Adrián Peña, alias 'Adri', quienes coordinaban la logística y seguridad de la red.
Durante la diligencia, las defensas se opusieron a la prisión preventiva. Carlos A., defensor de Marco Pérez, y Eloisa Armijos, abogada de Danny Herrera y Miguel Calle, invocaron el principio jurídico conocido como la cosa juzgada.
Ellos sostienen que sus representados ya recibieron condenas por los mismos sucesos, cuando fueron detenidos en flagrancia. Pérez fue sentenciado el 20 de febrero de 2026 a 24 meses, logrando la suspensión condicional de la pena.
Por su parte, Herrera y Calle ya fueron sentenciados por el caso del 27 de marzo de 2026 en Quinindé. Sus defensas alegan un doble juzgamiento.
La Defensoría Pública criticó la falta de pruebas financieras de la Fiscalía, señalando la ausencia de informes de movimientos bancarios. Además, el abogado de José Morales argumentó que Petroecuador no presentó reportes técnicos de presión.
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