El sistema penitenciario ecuatoriano atraviesa su peor momento en términos de ocupación en los últimos nueve años. La aplicación masiva de la prisión preventiva por parte de los jueces y los operativos del bloque de seguridad han generado una saturación de las prisiones con personas que no cuentan con una condena en firme.

Hasta agosto de 2026, según los datos del SNAI, la población carcelaria alcanzó las 39.300 personas en 33 prisiones. De ese universo, 16.155 reclusos permanecen en calidad de procesados, lo que representa el 41,11% del sistema. Esta sobrepoblación ha llevado la tasa de hacinamiento al 42,23%.

Mientras tanto, entre enero y agosto de 2026, el Ministerio del Interior registró 73 muertes violentas en celdas, tras un 2025 que cerró con 206 fallecidos. Es decir, pese a la sobrepoblación, la violencia no se ha desbordado como ocurrió en periodos anteriores.

En paralelo, la respuesta del Gobierno de edificar megacárceles sigue en reserva. Los datos presupuestarios actualizados muestran pagos por USD 309.350 para una nueva prisión en Santa Elena, mientras el Ministerio de Economía y Finanzas no entregó información sobre los contratos y delegó la responsabilidad al SNAI.

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Procesados sin condena escalan al 41,11%

De los 39.300 reclusos contabilizados por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), 16.155 personas permanecen encarceladas como procesadas, es decir, sin una sentencia. Este grupo constituye el 41,11% de toda la población penitenciaria, frente a 22.413 personas sentenciadas (57,03%), 469 contraventores (1,19%) y 263 ingresados por causas de apremio (0,67%).

La evolución histórica confirma que el volumen actual de detenidos sin condena es el más elevado registrado en el periodo 2017–2026. 

En 2017, los procesados sumaban 12.245 de un total de 36.661 presos (33,40%). Aunque la tasa porcentual tuvo un pico en 2022 con el 40,35% (12.687 procesados de 31.438 reclusos), la cifra absoluta se mantuvo por debajo de los niveles actuales. 

Entre 2023 y agosto de 2026, la cantidad de personas en prisión preventiva se disparó de 11.152 a 16.155, lo que representa un incremento de 5.003 procesados adicionales, equivalente a un aumento del 44,86% en tres años.

Las cifras de los primeros ocho meses de 2026 exponen que el crecimiento del sistema carcelario responde, principalmente, al encarcelamiento de personas no condenadas. 

Entre diciembre de 2025 y agosto de 2026, la población carcelaria total pasó de 36.908 a 39.300 individuos (2.392 reclusos más). En ese mismo lapso, los procesados crecieron en 3.066 personas, al pasar de 13.089 a 16.155 (un alza del 23,42%). Por el contrario, el grupo de sentenciados se redujo en 741 personas, bajando de 23.154 a 22.413 (un descenso del 3,20%).

El mapa del hacinamiento

La capacidad física del sistema penitenciario es de 27.631 plazas, según datos con corte a agosto de 2026. Frente a los 39.300 reclusos registrados en ese mes, la infraestructura estatal mantiene un déficit de 11.669 plazas faltantes, situando la tasa de hacinamiento en el 42,23%. 

Esta cifra supera el registro del censo penitenciario presentado por el SNAI el 12 de junio de 2026, que contabilizó 38.179 presos y una sobrepoblación del 36,4% (con un incremento de 6.860 reclusos frente a los 31.319 identificados en el censo de 2022).

El análisis por cárceles, con datos de capacidad hasta 2025, ya que actualmente el SNAI ya no hace públicos esos datos, muestra niveles críticos en algunos recintos. 

El Centro de Privación Provisional de Libertad (CPPL) Guayas registra la situación más grave del país: diseñado para 545 personas, en enero de 2026 tenía 1.860 reclusos (241,28% de hacinamiento) y llegó a agosto con 1.745 internos, operando con una sobrepoblación del 220,18% (1.200 plazas faltantes). 

Le sigue la Cárcel de Riobamba, con espacio para 250 personas, que aumentó su población de 551 presos en enero (120,40%) a 593 en agosto de 2026 (137,20%).

En Quito, la Cárcel El Inca, construida para 959 internos, escaló de 1.785 reclusos en enero (86,13%) a 2.070 en agosto, alcanzando un hacinamiento del 115,85%. 

En los centros femeninos, la Cárcel Femenina del Guayas (573 plazas) subió de 977 reclusas en enero (70,51%) a 1.217 en agosto (112,39%), lo que representa un repunte del 106,2% en recluidas desde diciembre de 2023.

Por su parte, la Cárcel Femenina de Santo Domingo, con capacidad para 106 mujeres, pasó de 166 internas en enero (56,60%) a 213 en agosto de 2026 (100,94%), acumulando un crecimiento del 198,4% (125 reclusas adicionales).

En el extremo opuesto, la reestructuración del SNAI implicó el vaciamiento de varias prisiones. La Cárcel del Puyo (43 plazas), por ejemplo, que en abril registraba 99 presos (130,23%), figuró con cero reclusos entre mayo y agosto de 2026 (-100%). 

¿Y la nueva cárcel?

Para enfrentar el hacinamiento, el Gobierno impulsó la edificación de megacárceles. En noviembre de 2025 se inauguró la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena, con un costo de edificación de USD 52 millones.

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En paralelo, para el proyecto denominado "038 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD - PARA 15.000 PL", el Ministerio de Finanzas habilitó un presupuesto de USD 79,9 millones respaldado en la fuente "202 - Préstamos Externos". 

Los reportes del sistema de ejecución presupuestaria revelan que los montos devengados y pagados aumentaron de USD 254.995,43 a USD 309.350,22 en los últimos meses. A pesar de esta salida de fondos públicos, en las plataformas del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) no existe rastro de contratos, consultorías o movimientos de tierra registrados.

PRIMICIAS hizo un requerimiento de información al Ministerio de Economía y Finanzas para detallar el origen del crédito, los beneficiarios y los Comprobantes Únicos de Registro (CUR). 

La respuesta oficial derivó la responsabilidad: el Oficio MDEP-CTMEF-2026-0051-O del 10 de septiembre de 2026 y el Memorando MDEP-DNCF-2026-0777-M del 5 de septiembre de 2026, firmados por la directora de la Caja Fiscal, Carolina Chicaiza, sostuvieron que la Tesorería Nacional solo procesa pagos y no custodia ni certifica los contratos, justificantes del gasto o la validez jurídica de los pagos.

La entidad indicó que tales requerimientos deben dirigirse al SNAI; sin embargo, esta institución no ha atendido requerimientos de información y pedidos de entrevista de este medio desde noviembre de 2023.