Tres personas fueron asesinadas frente a la Terminal de Durán, pese a la renovación del estado de excepción

A dos días de la renovación del estado de excepción en Ecuador, un nuevo ataque armado se registró en Durán, uno de los cantones más violentos del país. La noche del 16 de agosto, tres personas fueron asesinadas frente a la Terminal Terrestre.

De acuerdo con reportes preliminares, el ataque ocurrió cuando un grupo de al menos 12 personas permanecía en los exteriores de la terminal, conversando junto a una camioneta, a la altura de la avenida Nicolás Lapentti.

Según TC Televisión, los ciudadanos se dirigían hacia Yaguachi cuando uno de ellos recibió una llamada en la que le informaron que unos conocidos estaban por llegar y que debían esperarlos.

En ese momento, sospechosos armados llegaron en otro vehículo y dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar.

En los exteriores de la terminal también había unidades de la Policía Nacional que realizaban controles vehiculares. Los uniformados reaccionaron y se produjo un cruce de disparos con los atacantes.

Pese a la respuesta policial, tres personas del grupo que esperaba afuera de la terminal fueron asesinadas y otras dos resultaron heridas.

Según la Policía, se presume que el ataque podría estar relacionado con un ajuste de cuentas. Sin embargo, las autoridades deberán avanzar en las investigaciones para determinar las circunstancias y el móvil del crimen.

El ataque ocurrió dos días después de la renovación del estado de excepción anunciada por el Gobierno el 14 de agosto.

La medida regirá durante 30 días adicionales por grave conmoción interna en 10 provincias y tres cantones del país, debido a la persistencia de la violencia y la actividad de estructuras del crimen organizado.

Según el Gobierno, las operaciones de seguridad han permitido contener y limitar la capacidad de recomposición de las organizaciones criminales. Sin embargo, las autoridades advierten que estas estructuras mantienen capacidad de adaptación y expansión.

Por esa razón, el Ejecutivo considera que una interrupción del despliegue militar aumentaría el riesgo de una nueva articulación de los grupos delictivos y de un deterioro del control territorial.