Yaku Pérez y otros ambientalistas demandan nueva reforma minera en la Corte Constitucional

La Unión de Defensores del Agua y la Naturaleza (Unagua) presentó este 3 de marzo de 2026 una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía, que reforma la Ley de Minería. 

"Esta es una reforma ecocida, porque elimina la licencia ambiental para la fase de prospección, exploración inicial y exploración avanzada", señaló el líder ambientalista Yaku Pérez, tras entregar la demanda en la sede de la Corte Constitucional, en Quito. En la entrega del documento participaron representantes de organizaciones indígenas y ambientalistas de Azuay, Cañar y Bolívar. 

Según Pérez, sin la licencia ambiental ya no sería requisito la presentación de estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental ni la consulta previa, libre e informada. Por lo que, considera que es una reforma "inconstitucional". 

Además, la calificó de "neocolonizadora" al establecer la creación de 'clústeres mineros', es decir, áreas territoriales delimitadas en las que se concentrará la infraestructura y los servicios para proyectos mineros. "Van a despojar los territorios de las comunidades para entregar al imperio minero". 

"Es una ley completamente guerrerista, porque ahora ya no requieren las empresas mineras de guardia privada sino que ponen a las Fuerzas Armadas para la protección de los clústeres mineros", añadió el defensor ambiental, en referencia a la protección que brindarán las Fuerzas Armadas en ciertas áreas mineras, con el fin de proteger al personal de la empresa y sus instalaciones. 

Para Pérez, la presencia de las Fuerzas Armadas será para "hacer la guerra en contra de los defensores del agua y de las comunidades". 

Según el líder ambientalista, la ley presenta más de 24 vulneraciones constitucionales que deben ser "expulsadas" por la Corte. 

Entre esas vulneraciones, indicó Pérez, estaría la falta de consulta prelegislativa antes de la aprobación de la ley por parte de la Asamblea Nacional. Adicionalmente, vulneraciones al derecho al agua, a los derechos de la naturaleza, a la soberanía alimentaria; así como a la seguridad jurídica. 

"Nuestra lucha no va a terminar nunca mientras no haya justicia y seguridad para nuestros territorios, no podemos permitir que nuestros páramos, que nuestros humedales, que nuestra riqueza que es la Pachamama, sean vulnerados por la ambición de las trasnacionales mineras", señaló el dirigente indígena Lauro Sigcha. 

La Unagua también solicita a la Corte que se suspenda la vigencia de la ley, mientras analiza su constitucionalidas.