UAFE refuerza controles contra el lavado de activos y exige registrar bienes y deudas de empleados de empresas supervisadas en Ecuador
La UAFE estableció nuevas obligaciones para las personas y empresas bajo su supervisión, entre ellas revisar los activos, deudas e ingresos de sus trabajadores. La resolución también contempla controles a clientes y proveedores y sanciones por incumplimiento.

Foto referencial. En el centro Ana Paula Patiño, directora general de la UAFE.
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La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) estableció nuevas obligaciones para las personas y empresas sujetas a su supervisión. Las disposiciones refuerzan los controles sobre clientes, proveedores y operaciones, y contemplan sanciones para quienes no acaten la normativa.
La disposición consta en la Resolución Nro. UAFE-DG-2026-0017, suscrita el 19 de noviembre de 2026 por la directora general de la entidad, Ana Paula Patiño. Esta normativa establece nuevas reglas de supervisión y prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
¿Qué obligaciones establece la nueva normativa de la UAFE?
La resolución dispone que los sujetos obligados implementen programas de prevención adaptados a su actividad económica, tamaño y estructura.
Para ello, deberán aplicar metodologías de administración de riesgos, matrices de evaluación y mecanismos de monitoreo de operaciones. Estos controles permitirán identificar transacciones inusuales o sospechosas.
Entre las principales obligaciones también consta la elaboración y el registro del Manual de Prevención de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos, en el sistema SISLAFT, plataforma informática oficial de la UAFE.
Además, las empresas y personas bajo control de la UAFE deberán reforzar los procesos de debida diligencia. Esto implica identificar y verificar la información de sus clientes, beneficiarios finales, empleados y proveedores.
Empresas deberán revisar el patrimonio de sus empleados
Entre otras medidas, todas las entidades bajo el control de la UAFE deberán recopilar información sobre los activos, pasivos, ingresos y gastos fijos de sus trabajadores. Además, deberán registrar datos sobre su profesión, experiencia laboral, antecedentes y otras fuentes de ingresos.
La información deberá actualizarse cada vez que existan cambios. Los empleados tendrán un plazo máximo de 15 días para comunicar modificaciones en sus datos personales, domiciliarios, financieros o laborales.
Además, las empresas deberán verificar a sus trabajadores en listas nacionales e internacionales, entre ellas las de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Interpol y la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC).
UAFE podrá inspeccionar empresas y solicitar información
La resolución establece controles presenciales y remotos. En las supervisiones a distancia, los sujetos obligados deberán entregar la información solicitada en un plazo de cinco días. La UAFE podrá conceder una prórroga de hasta tres días, previa justificación.
En las inspecciones presenciales, la entidad podrá solicitar documentos normativos, financieros, contables y tributarios. También podrá exigir planes de acción para corregir deficiencias identificadas, con un plazo máximo de 60 días calendario.
La normativa también obliga a las empresas y entidades bajo su control a verificar a sus clientes y proveedores, identificar a los beneficiarios finales de las personas jurídicas y conservar los documentos relacionados con sus operaciones durante diez años.
Sanciones por incumplimiento
La resolución contempla suspensiones de 30 y 60 días para los oficiales de cumplimiento, es decir, los responsables internos de supervisar el cumplimiento de las normas contra el lavado de activos en cada entidad, que incurran en determinados incumplimientos. También establece la cancelación de su registro por dos años y, en caso de reincidencia, la inhabilitación definitiva.
Las personas naturales y jurídicas obligadas a reportar a la UAFE deberán actualizar su información en un plazo improrrogable de 15 días desde la publicación de la resolución en el Registro Oficial.
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