Termina el plazo para presentar pruebas en el proceso de remoción de Aquiles Alvarez como alcalde de Guayaquil, ¿qué sigue ahora?

El proceso de remoción contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, cumple este martes 16 de junio una etapa clave con la conclusión del término probatorio de 10 días hábiles dispuesto por la Comisión de Mesa, Excusas y Calificaciones del Concejo Cantonal.

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Sin embargo, el cierre de esta fase no significa que la comisión emita de inmediato un informe ni que el Concejo Cantonal vaya a pronunciarse de forma inmediata sobre una eventual remoción del alcalde.

¿Qué ocurre tras el cierre del término probatorio?

Según explicó el presidente de la Comisión de Mesa, Arturo Escala, una vez concluido el plazo para la presentación de pruebas, el organismo deberá revisar y evacuar todas las diligencias solicitadas, tanto por el denunciante como por la defensa, antes de dar por cerrada formalmente esta etapa del proceso.

“Una vez terminada y evacuada toda la prueba, ahí recién nosotros (Comisión de Mesa) hacemos un auto que dice: ‘por concluido el término de prueba’”.

Arturo Escala, presidente de la Comisión de Mesa

Esto significa que, aunque este 16 de junio vence el plazo para presentar escritos y solicitudes probatorias, la comisión todavía deberá incorporar documentos, respuestas institucionales y otras diligencias que hayan sido requeridas dentro del proceso.

Solo después de contar con el expediente completo, la Comisión de Mesa podrá analizar las pruebas y elaborar el informe que será remitido al Concejo Cantonal. La comisión está integrada por los concejales Arturo Escala, Ana Fuentes y Terry Álvarez, afines al correísmo, movimiento que además ratificó a Aquiles Alvarez como su carta para la Alcaldía de Guayaquil en las próximas elecciones seccionales.

Defensa de Alvarez insiste en que no hay causal de remoción

A un día del cierre de la etapa probatoria, el abogado David Norero, integrante de la defensa de Aquiles Alvarez, adelantó que buscarán demostrar que el proceso responde a una "persecución política" y que no se configura la causal invocada por el denunciante, contemplada en el articulo 333, literal B, del Cootad.

“Vamos a justificar en el proceso de remoción del alcalde que se trata de una persecución política, que no es que no quiere ejercer su cargo sino que el poder no se lo permite”.

David Norero, abogado de Aquiles Alvarez

La denuncia actualmente en trámite fue presentada por Hugo Córdoba y se originó después de que concluyera la licencia temporal que Alvarez solicitó para ausentarse de sus funciones como alcalde de Guayaquil tras su detención, ocurrida el pasado 10 de febrero. El denunciante sostiene que, una vez vencido ese permiso, el alcalde permaneció fuera del ejercicio de sus funciones, lo que motivó el inicio del proceso de remoción.

"Ausentarse del cargo por más de tres días hábiles sin haberlo encargado a quien lo subrogue legalmente y sin causa justificada".

Art. 333, literal B del Cootad

La defensa sostiene que dicha causal no se cumple en el caso de Alvarez, quien permanece privado de libertad mientras es investigado dentro de los casos Triple A y Goleada.

¿Qué falta para que el Concejo de Guayaquil decida?

Una vez evacuadas todas las pruebas y cerrado formalmente el término probatorio, la Comisión de Mesa dispondrá de cinco días hábiles para elaborar un informe con sus conclusiones.

Posteriormente, el secretario municipal deberá remitir el documento a la vicealcaldesa Tatiana Coronel, quien ejerce actualmente la Alcaldía de manera encargada, para que convoque a una sesión extraordinaria del Concejo Cantonal.

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Durante esa sesión, tanto el denunciante como la defensa podrán exponer sus argumentos antes de que los concejales adopten una resolución definitiva sobre una eventual remoción. De acuerdo con el Cootad, la remoción solo podrá aprobarse con el voto favorable de las dos terceras partes de los integrantes del Concejo Cantonal.

En caso de que el Concejo apruebe la remoción, Alvarez podrá solicitar que el expediente sea remitido al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), organismo que deberá pronunciarse sobre el cumplimiento de las formalidades y del procedimiento establecidos en la ley antes de que la decisión quede firme.