Desde 2019, el Viceministerio de Minas pidió al Ministerio de Ambiente y al de Gobierno que cierren bocaminas en La Merced de Buenos Aires.
Al menos 20 bocaminas siguen abiertas en la concesión minera Imba 2, en la parroquia La Merced de Buenos Aires (Imbabura), tras el estado de excepción declarado en la zona en 2019.
Las bocaminas o túneles de acceso conducen a tres grandes minas en Imba 2: Vieja, Nueva y El Olivo.
Con las bocaminas abiertas y con campamentos y plantas de beneficio que no se han desmantelado desde 2019, los mineros ilegales siguen extrayendo material mineralizado en 2022.
Lo confirma el coordinador zonal norte del Viceministerio de Minería, Mauricio Almeida.
La Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables ha decomisado en esa zona 200 toneladas de material entre enero y lo que va octubre de 2022.
¿Quién debe cerrar las bocaminas?
Las entidades públicas no se ponen de acuerdo sobre a quién le compete cerrar las bocaminas.
El Viceministerio de Minas ha pedido desde 2019 al Ministerio de Ambiente que elabore un plan para el cierre las bocaminas.
Según Almeida, estos accesos no se pueden cerrar sin un plan de cierre con directrices que eviten daño ambiental y que deben ser elaboradas por el Ministerio de Ambiente.
Con ese plan, el Viceministerio podría hacer un concurso público para elegir a la entidad que ejecute las tareas, añade.
Pero, para el exviceministro de Minas, Fernando Benalcázar, la Agencia de Regulación y Control de Energía debió cerrar las bocaminas en 2020, luego de que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército removió 1.400 bultos de material.
La Agencia insiste en que su tarea es realizar operativos contra la minería ilegal y que el cierre le compete al Ministerio de Ambiente.
El impacto ambiental
El Ministerio de Ambiente dijo que todavía no hay una investigación de impacto ambiental. Este estudio permitirá definir los mecanismos para un plan de acción o un Programa de Reparación Integral, que incluirá el cierre técnico de bocaminas.
¿Por qué todavía no hay un estudio de impacto ambiental?
El Ministerio de Ambiente no tiene planeado hacerlo. La entidad considera que la empresa Hanrine Ecuadorian Exploration and Mining debe hacer la investigación para identificar la magnitud del daño ambiental en la zona.
En un documento al que tuvo acceso PRIMICIAS, el Ministerio de Ambiente pidió en octubre de 2022 a Hanrine que elabore la investigación.
La empresa, que es subsidiaria de la minera australiana Hancock Prospecting, tiene la concesión de Imba 2 para exploración desde 2017. Pero la compañía no ha podido entrar ni realizar exploraciones, por la minería ilegal.
Aunque no hay un estudio de impacto ambiental todavía, los técnicos del Ministerio de Ambiente han realizado siete visitas técnicas entre 2019 y 2021.
Pero las visitas cesaron en 2022 debido al incremento de mineros ilegales armados en la zona, dijo el Ministerio.
Durante sus visitas, los técnicos han constatado quema de desechos sólidos peligrosos, tala de árboles, bocaminas abiertas con desfogue de agua contaminada en zonas hídricas, restos de cianuro, mercurio y arsénico.
Bultos incautados
Otro problema son los bultos de material que desde la intervención de 2019 quedaron abandonados en los accesos a las minas, y que no se han retirado, dice Almeida.
Y añade que hay comuneros que "incautan los bultos a los mineros ilegales", pese a que eso es competencia de las autoridades.
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