La presidenta de la Cámara de Minería, María Eulalia Silva, rechazó los llamados a protestas de Leonidas Iza en contra de la minería y explica el proceso de consulta ambiental que se desarrolla en el proyecto minero La Plata, en Cotopaxi.
En medio del rechazo de grupos sociales antimineros, el Ministerio del Ambiente dio inicio este 19 de marzo de 2024 a la fase informativa de la consulta ambiental del proyecto minero La Plata, ubicado en la parroquia Palo Quemado, en Cotopaxi.
La presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, María Eulalia Silva, recordó en entrevista con PRIMICIAS que la consulta ambiental tiene el objetivo de responder las inquietudes de la comunidad sobre el proyecto, pero que no tiene un carácter vinculante.
Sobre las demandas de inconstitucionalidad presentadas por el excandidato presidencial, Yaku Pérez, y el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, al Acuerdo Ministerial que regula la consulta previa, libre e informada, Silva dijo que esto forma porta de las agendas políticas de Pérez e Iza.
¿Cómo se está llevando a cabo la consulta ambiental sobre el proyecto La Plata, en Cotopaxi, y por qué ha requerido la presencia de policías y militares?
El proyecto La Plata acabó las fases exploratoria y de prefactibilidad, ahora se acerca a la construcción de mina, que tomará un par de años. Para ello, requiere de una licencia ambiental, para la cual se exige la consulta ambiental, que está a cargo del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.
Hoy, 19 de marzo, se requirió la presencia de la fuerza pública en la parroquia de Palo Quemado para que el Ministerio del Ambiente pueda cumplir con el deber de llevar a cabo la consulta ambiental y arrancar con la primera fase, la convocatoria de mesas informativas.
Esta fase debió comenzar el 11 de marzo, pero grupos antimineros, que provenían de lugares lejanos a la zona de influencia, protagonizaron actos vandálicos y de violencia, atacaron a funcionarios del Ministerio y a comuneros de la zona.
¿Cuál es el objetivo de la consulta ambiental?
La consulta ambiental no tiene un poder de veto, es un proceso de participación ciudadana, mediante el cual se recogen dudas e inquietudes de la comunidad. Estas preguntas son sistematizadas y el Estado debe responderlas.
Para que las comunidades estén informadas del proyecto se instalan mesas informativas, son puntos de recepción de las inquietudes.
Hoy se abrió el centro de información pública en Palo Quemado, mañana (20 de marzo) habrá una asamblea informativa y el 27 de marzo habrá un taller de socialización donde se explicará a la comunidad cómo va a proceder el Estado ecuatoriano. Todo el proceso dura cerca de un mes.
¿Qué tipo de consultas sí son vinculantes?
La normativa ecuatoriana prevé cuatro tipos de consultas. Solo una tiene poder de veto, que es la consulta popular. Es decir, es vinculante, por lo tanto, es de cumplimiento obligatorio.
Las otras tres no son vinculantes: la ambiental; la consulta previa, libre e informada, y la consulta prelegislativa. Esta última se hace antes de aprobar leyes que conlleven derechos colectivos.
Tanto en la consulta ambiental como en la consulta previa, libre e informada, la última palabra sobre si se hace o no el proyecto la tiene el Estado; no es la comunidad, ni el proyecto, ni el concesionario.
¿Para cuándo prevé que arranque la construcción del proyecto La Plata?
Eso está sujeto a la expedición de la licencia ambiental, pero si eso ocurriera este año, para fines de este año o principios de 2025 podría arrancar la construcción de la mina.
Es un proyecto muy interesante para la zona, que implicará más de USD 100 millones de inversión en una zona deprimida económicamente. Esa inversión se queda en la economía nacional y, en especial, local.
La construcción de una mina requiere de mucha mano de obra. Es una buena noticia para el cantón Sigchos y la parroquia de Palo Quemado. En la fase de construcción se prevé contratar a 600 personas y la operación requerirá de 300 personas.
¿Cómo ve las demandas de inconstitucionalidad de Yaku Pérez y el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, al Acuerdo Ministerial que establece un manual para la consulta previa, libre e informada?
Desde hace 15 años, con la Constitución de 2008, se requiere de una ley para la consulta previa, libre e informada, pero hasta ahora no se ha promulgado.
Pero la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que introduce el concepto de consulta previa, dice que la falta de ley no excusa la falta de práctica. La consulta previa es un derecho y debe ser ejercido.
La Corte Constitucional ha pedido que se emita una ley de consulta previa, pero en la última sentencia ha dicho que no porque no haya una ley se tiene que suspender ese derecho.
Con estos antecedentes, el Ministerio de Energía y Minas elaboró un manual que recopila todos los estándares que la Corte Constitucional ha establecido en sus sentencias para implementar la consulta previa, libre e informada. No es una ley, es un manual.
Hay que recordar que el señor Iza es precandidato (presidencial) y estamos en época preelectoral. Tanto Yaku Pérez como Leonidas Iza han tenido una agenda política basada en hablar en contra de la minería, cuando ellos no conocen de minería responsable.
Es una actividad que está generando un impacto económico positivo a las comunidades, como ha ocurido con los dos proyectos mineros de Zamora Chinchipe, donde ha bajado la pobreza y hoy es una provincia de renta media.
¿Cómo ve el pronunciamiento del presidente de la Conaie, Leonidas Iza, en el que llama a los indígenas a un levantamiento en contra de la minería?, ¿cree que esto puede retardar el avance de los proyectos?
Nosotros rechazamos todo acto de violencia, sea en Palo Quemado o en cualquier otra parte del país. Hay gente que tiene derecho a disentir, para eso son las consultas. La violencia, la paralización no ayuda a nadie.
Los ecuatorianos estamos hartos de las paralizaciones. Hemos visto que la paralización, lejos de beneficiarnos, está generando una plataforma política a un grupo muy reducido.
Las paralizaciones solo benefician a candidatos, que lejos de tener un programa de trabajo, una propuesta seria, se basan en la radicalización de la protesta.
Más allá de lo que la Cámara de Minería opine, se tiene que respetar la institucionalidad del Estado, la ley. El señor Iza no es una autoridad, el país no puede estar sujeto a la opinión de un actor político, el país debe estar sujeto a lo que diga la norma.
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