Seis factores amenazan la reactivación económica en 2023

Los inversionistas internacionales tienen los ojos puestos en la estabilidad política de Ecuador. Los riesgos de que Guillermo Lasso no termine su periodo presidencial han aumentado, dice el banco de inversión Barclays. Además, persiste la amenaza de paralizaciones indígenas. Con este escenario, el riesgo país está por encima de los 1.900 puntos. Esta incertidumbre ha cerrado las puertas al mercado de bonos externos para el Gobierno, en medio de mayores presiones de gasto, dice Verónica Artola, subdecana de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica. De hecho, Ecuador necesitará USD 1.000 millones adicionales en préstamos frente a lo que había presupuestado cuando comenzó el año. El Gobierno planeaba emitir al menos USD 600 millones en bonos de la deuda externa en 2023, pero con el riesgo país actual, tendría que pagar un 22% de tasa de interés anual.

La caída del precio del petróleo también amenaza con reducir los ingresos previstos para el Presupuesto del Estado. El Gobierno necesita un precio de USD 65 por barril en promedio en 2023 para financiar el presupuesto, pero desde enero el petróleo ha estado por debajo de ese valor. Para complicar el escenario, la producción petrolera ha caído a mínimos que no se veían en 20 años. El ministro de Energía, Fernando Santos, reconoce que no se podrá alcanzar la meta de producción petrolera prevista para 2023, de 514.759 barriles diarios. Dos factores impactaron en la caída de la producción. Primero, el socavón en el río Marker, que sacó de operación los dos oleoductos de Ecuador, entre el 23 de febrero y el 1 de marzo. Segundo, los conflictos con las comunidades amazónicas, que obligaron a apagar pozos en cuatro bloques de Petroecuador: ITT, Auca, Edén Yuturi y el bloque 16-67.

En todo el mundo hay temores de una eventual crisis financiera tras el colapso de Silicon Valley Bank y otros bancos en Estados Unidos y Europa. La Asociación de Bancos Privados de Ecuador (Asobanca) asegura que la banca privada ecuatoriana tiene la solidez y liquidez adecuadas. Pero los efectos podrían venir por el lado de una desaceleración del crédito, que tuvo un buen desempeño en 2021 y parte de 2022. Los analistas coinciden en que es probable que en 2023 la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) siga aumentando las tasas de interés en Estados Unidos. Como resultado de esa alza, podrían aumentar los costos que deben pagar los bancos privados en Ecuador para conseguir recursos en el exterior para colocar crédito.

El estado de las vías, puentes y carreteras del país ha empeorado en medio de un fuerte período invernal en el primer trimestre del año. A eso se suma el deslave en Alausí y el terremoto de 6,8 del 18 de marzo. Y si Ecuador soporta un Fenómeno del Niño fuerte, como se prevé, el estado vial empeorará. Con las vías deterioradas o cerradas, los costos de transporte de los alimentos pueden aumentar. El Ministerio de Transporte tenía la meta de invertir unos USD 500 millones en mantenimiento vial y obras públicas en 2023. Sin embargo, la meta subió a USD 1.000 millones. Según Darío Herrera, ministro de Transporte, el Gobierno decidió usar recursos de libre disponibilidad para acelerar las obras. Además, se espera que los organismos multilaterales de crédioto aumenten los desembolsos para Ecuador.

Ecuador ha soportado catástrofes por eventos naturales que dejan a unas 24.900 personas perjudicadas en lo que va de 2023. Estos eventos han destruido viviendas, cultivos y negocios de personas que ya estaban en una situación vulnerable. De ahí que aumente la probabilidad de que estas personas caigan en situaciones de pobreza, dice el ministro de Inclusión Económica, Esteban Bernal. En este escenario, el Gobierno tendrá que destinar más recursos para atender con algún tipo de bono o ayuda social a estos grupos. Por ahora, el Gobierno anunció que creará un nuevo bono de arrendamiento para las personas que han perdido sus casas por el invierno, el terremoto y los deslaves. Lasso ha ofrecido, además, comprar viviendas de hasta USD 28.800 por unidad al sector privado para entregarlas a los damnificados.

La inversión pública y privada no despega, dice Ángel Maridueña, economista y profesor de la Universidad Estatal de Milagro. El Presidente Lasso había prometido impulsar la inversión en obra pública a través de Alianzas Público Privadas (APP). "Pero en la práctica la ciudadanía no percibe las obras y la mejora en su calidad de vida", añade Maridueña. Por la inestabilidad política y el aumento de la inseguridad, las empresas retrasan o detienen sus inversiones y esto perjudica la recuperación del empleo. Además, el Gobierno no tiene más espacio en el Presupuesto para destinarlo a inversión pública.