Minería dejaría millonarios beneficios hasta 2052, pero enfrenta bloqueos

Las actividades mineras en Ecuador están condicionadas por pedidos de consulta popular, decisiones judiciales y oposición ciudadana, según un estudio de Grupo Spurrier.

En las próximas tres décadas, las exportaciones mineras en Ecuador sumarán USD 176.395 millones, siempre y cuando no haya oposición a la industria.

Esa es una de las conclusiones del estudio "Impacto Económico del Sector Minero entre 2022 y 2052" presentado por la Cámara de la Minería, el 10 de febrero de 2022.

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La investigación, que fue elaborada por Grupo Spurrier, tuvo en cuenta a 12 grandes proyectos que se desarrollan en el país. Una parte de ellos tendrían una vida útil hasta 2052.

Estos son los 12 proyectos que fueron parte del estudio:

Las minas en producción: Fruta del Norte, de oro y de plata; y Mirador, de cobre, de oro y de plata.
El proyecto de oro y de plata Río Blanco, que fue suspendido por orden judicial.
Los proyectos en fase de evaluación económica: Cascabel, de cobre; Loma Larga, de oro, de plata y de cobre; y Ruta del Cobre.
Cóndor, una concesión de plata y Panantza–San Carlos, de cobre. Los dos proyectos están en fase de exploración.
Los proyectos de cobre Llurimagua y Cangrejos. Ambos están en fase de exploración avanzada.
Y, los proyectos de cobre La Plata y Curipamba, que actualmente están en fase de exploración y explotación.

En un escenario activo, estos proyectos podrían producir 37,1 millones de onzas de oro, 45.449 millones de libras de cobre y 177,7 millones de onzas de plata.

Alberto Acosta Burneo, economista del grupo Spurrier, aseguró que hasta 2052 la "minería podría convertirse en uno de los pilares de la economía ecuatoriana".

Impacto en la economía

Acosta Burneo detalló los otros impactos positivos que generaría la minería en Ecuador.

Las inversiones mineras alcanzarían los USD 21.398 millones hasta 2052, lo que aumentaría las plazas de empleo.

Entre 2020 y 2024, el empleo formal aumentaría de 215.000 a 270.000 plazas; y desde 2025, el sector minero generaría más de 500.000 empleos entre directos e indirectos.

Mientras tanto, por recaudaciones fiscales, la industria aportaría USD 44.449 millones al Gobierno entre 2022 y 2052.

“El futuro del país está en la minería, pero debe ejecutarse con responsabilidad”.
Juan Carlos Bermeo, ministro de Energía

Los conflictos

En la actualidad, la actividad industrial está amenazada por los pedidos de consulta popular, la falta de una ley sobre consulta previa y por decisiones judiciales.

Además, la minería enfrenta un constante rechazo de comunidades y grupos ambientalistas.

Según Walter Spurrier, director del Grupo Spurrier, estos problemas son los "cuellos de botella y desafíos" que enfrentan las mineras y el Gobierno.

La paralización de proyectos podría generar arbitrajes internacionales, desalentando a las nuevas inversiones.

Por ejemplo, la estatal chilena Codelco, mayor productora mundial de cobre, solicitó un arbitraje al Ecuador por diferencias sobre el proyecto Llurimagua, en Imbabura.

El estudio advierte también que falta una ley de consulta previa a las comunidades para desarrollar las actividades extractivas.

Por ejemplo, proyectos como Río Blanco y Panantza-San Carlos enfrentan oposición y problemas legales, debido a una supuesta falta de consulta previa a las comunidades de la zona de influencia de esas concesiones.

Resultados en rojo

Según el estudio, estos serían los resultados económicos entre 2022 y 2052 en un escenario pasivo donde no se desarrollen los proyectos mineros, a excepción de Mirador y Fruta del Norte:

Las inversiones alcanzarían los USD 3.900 millones.
En cambio, las exportaciones mineras serían de USD 35.710 millones.
USD 8.835 millones se registrarían en ingresos fiscales.
Habría una pérdida de más de 500.000 empleos directos e indirectos ante un escenario de oposición a los proyectos mineros.

¿Por qué ocurrirían estos resultados? En un escenario pasivo, las reservas de oro alcanzarían 6,8 millones de onzas de oro, un 82% menos que lo proyectado originalmente.

Spurrier dice que la oposición a la industria formal impulsa la minería ilegal, actividad que está "conectada con el narcotráfico y asociada a elevados niveles de violencia".