Virgin Galactic es una de las empresas interesadas en viajes comerciales al espacio, y el primero de ellos será el 29 de junio. Conozca cuánto costará.
El 29 de junio, se espera que Virgin Galactic, la compañía de turismo espacial fundada por el magnate Richard Branson, estrene su primer viaje comercial hacia las estrellas.
Durará 90 minutos y no será barato: el ticket a bordo de la nave Galactic 1 costará USD 450.000.
Tras el anuncio, los cuestionamientos no han parado, debido al alto costo del viaje y las implicaciones de la intención de 'colonizar el espacio'.
Para muchos críticos, los viajes comerciales al espacio forman parte de un turismo de élite y pueden terminar en tragedias, como la fallida visita del 'Titán' a los restos del Titanic.
Branson se une así a la carrera por colonizar y lucrar del espacio, de la que ya participan las empresas Blue Origin y SpaceX, de Jeff Bezos, y Elon Musk, respectivamente.
Pero viajar comercialmente a la Luna o Marte, sin ser un astronauta entrenado, es solo una parte del lucrativo negocio espacial. Según el informe de la firma Euroconsult, está valorado en más de USD 460.000 millones.
El sector del negocio espacial también se ve empujado por contratos gubernamentales de Estados Unidos y otras potencias como China o Rusia.
Además, en la industria espacial compiten compañías dedicadas a la puesta en órbita de satélites y telecomunicaciones, empresas de paneles solares y hasta mineras.
Por si fuera poco, la empresa Orbital Assembly espera inaugurar un hotel de lujo en el espacio en 2025.
¿Quién es el dueño del espacio?
Todas estas actividades en demanda levantan cuestionamientos legales y éticos.
En teoría, el espacio exterior le pertenece a todos los ciudadanos en el mundo.
Y este ‘derecho’ espacial se desprende de un tratado internacional firmado en las Naciones Unidas en 1967, que declara que ningún país “puede reclamar territorio en el espacio”.
El tratado se propuso y se firmó cuando Estados Unidos y la antigua Unión Soviética pretendían llevar sus arsenales nucleares a la estratósfera.
“No queríamos traer la guerra fría al espacio”, dijo la codirectora de un programa de derecho espacial de la Universidad de Misisipi, Michelle Hanlon, al diario The New York Times.
Desde 1967, el comité espacial de la ONU ha redactado otros cuatro tratados y varios reglamentos, con una misma premisa: “el espacio estará destinado al desarrollo de los países y la humanidad, pero siempre bajo el sentimiento de cooperación internacional”.
Por su parte, Estados Unidos, uno de los países más interesados en colonizar el espacio, ha dejado deliberadamente su propio agujero negro legal, que permite los vuelos comerciales.
La nación tiene una moratoria o una especie de ‘free pass’ sobre las seguridades de los viajes por turismo espacial.
Esto ha habilitado a las compañías como las de Branson o Bezos a que envíen sus naves al espacio, sin mayores regulaciones, mientras están en “un periodo de aprendizaje”.
Interior de la cápsula de viaje de Blue Origin, compañía de Jeff Bezos, el 11 de diciembre de 2023. PATRICK T. FALLON / AFP
Tratados versus realidad
Los tratados y buenas intenciones de la ONU chocan con las ambiciones de Branson, Bezos, Musk y también de los estados.
Una disputa evidente es la carrera entre China y Estados Unidos por llegar a los polos lejanos de la Luna y extraer agua.
El agua de la Luna está en forma de hielo y, cuando sus componentes se ‘licúan’, sirven para obtener combustible para los cohetes.
De allí el interés de la NASA y su misión Artemis I, y también de China, cuya sonda Change 5 halló una reserva de agua en el satélite natural de la Tierra.
¿Qué pasará cuando alguno de estos países logre finalmente extraer agua de la Luna y la use comercialmente? ¿Lo harán en una base conjunta?
“No lo sabemos, porque hay estos vacíos en las regulaciones”, contestó Hanlon al diario estadounidense.
Otro conflicto creciente es la cantidad enorme de basura espacial, estimada en 170 millones de piezas, que provienen de los satélites y partes de cohetes en desuso.
Debido a que el espacio le pertenece a todos y a ningún país en particular, no existe aún una legislación que obligue a un Gobierno a ‘limpiar’ el área o retirar las naves una vez utilizadas.
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