En un alarde de poderío económico y menosprecio a la ley, algunos candidatos a la Presidencia están gastando ingentes sumas de dinero en esta distópica campaña electoral, que discurre en medio de una violencia jamás antes registrada y con la amenaza del Fenómeno de El Niño por delante.
De la noche a la mañana, la semana anterior, los postes de los barrios de varias ciudades aparecieron empapelados con pancartas con el rostro de ciertos candidatos, mientras que en las redes sociales han proliferado los videos de los presidenciables, con las más disparatadas escenas, aunque también hablan de sus propuestas.
Pero la autoridad electoral parece no haberse enterado de nada.
A 12 días de ir a las urnas, en una suerte de efecto contagio, los candidatos han multiplicado las concentraciones, las caminatas y los recorridos, acompañados por músicos, bailarinas, animadores y saltimbanquis.
No ha faltado quiénes repartan camisetas, gorros, esferos, tomatodo y hasta cajas con productos comestibles; lo que significaría que son candidatos con mucho dinero que buscan inducir el voto con prebendas.
Por si faltaba algo en este país con índices de pobreza lacerantes, un aspirante a la Presidencia se moviliza en helicóptero para ganar tiempo y mostrar poder y destreza en el aire.
Cada uno de esos gastos no podrían dejar de ser reportados, si es que la autoridad electoral hubiese designado observadores o veedores in situ, que también valoren el costo de los miles de banderas, las tarimas, las pancartas y hasta el uso de drones que hoy se ha extendido.
Y toda la parafernalia que rodea a los candidatos que a diario se movilizan en aviones o en carro junto a sus séquitos.
Sumar los viáticos de los miembros del equipo, los sueldos de los empleados, de los colaboradores y de los ayudantes en cada localidad y hasta del combustible de los vehículos para incluirlo en el informe, que habrá de ser entregado a la autoridad, es obligación legal y ética de los candidatos y los partidos, para que no se convierta en la primera gran estafa de quien aspira llegar a Carondelet.
¿Podrá el CNE, por ejemplo, valorar el costo de la producción de un video en el que participan cantantes internacionales de fama y en locaciones, incluso, fuera del país que implica movilización de personas? ¿Lo imputarán al gasto electoral?
Según el reglamento del propio CNE el límite del gasto con recursos propios y de aportes es USD 5,3 millones para el binomio presidencial.
Ese dinero se lo usará para el pago de artículos promocionales, servicios de consultoría (que hoy se han vuelto muy costosos), honorarios profesionales, diseño de encuestas de opinión, logística y movilización.
No contempla el pago de seguridad que ha contratado la mayoría, a pesar de que el Estado les dotó de protección, pero un par de candidatos no la aceptó.
Está a la vista que el gasto de esta la campaña, que comenzó antes de la fecha oficial dictaminada por el CNE, supera la cifra oficial.
Si la autoridad electoral apostase por la transparencia para fortalecer la institucionalidad y la democracia, el control tendría que ser riguroso y ameritaría paciencia y profesionalismo, y no excusas, como se ha escuchado, hasta ahora.
En un rubro aparte está el Fondo de Promoción Electoral que se lo hace con dineros del fisco y va únicamente para la pauta en los medios de comunicación y es canalizado por el propio CNE.
A cada binomio presidencial se destina USD 309.243,38.
Probablemente, sea el único valor sobre el que tiene control el organismo electoral, ya que la promoción en redes sociales ni siquiera estaría siendo contabilizado, lo que resulta absurdo porque los candidatos han copado Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y otras redes con videos de todo tipo.
Si el CNE desconoce el procedimiento para cuantificar el valor en esas plataformas, podría asesorarse con la Fundación Ciudadanía y Desarrollo que, en las pasadas elecciones seccionales, hizo un eficaz trabajo y descubrió que los candidatos a las alcaldías de Quito, Guayaquil y Cuenca no reportaron el gasto en redes.
El CNE al menos podrían revisar la Biblioteca de anuncios de Meta, que informa sobre la pauta en Facebook e Instagram, al centavo.
Lo que no puede es mirar para otro lado mientras las campañas se burlan de las leyes.
En un país atenazado por las mafias, resulta demencial no haber encendido todas las alarmas en los partidos, entre los candidatos y en el propio CNE, para extremar los controles del gasto electoral.
Solo de pensar que algún aporte inmundo podría salir a la luz cuándo ya sea tarde, al haber resultado elegido alguien que permitió que su campaña fuese financiada con dineros mal habidos, o, quizá, la contaminaron sin que se hubiese siquiera percatado, espeluzna, porque no será un gobernante libre.
Y el país y la institucionalidad estarían en riesgo inminente, todo el tiempo.
No porque la ley y el Código de la Democracia lo ordena, sino por una obligación moral y ética, el CNE debe detener la danza de millones de los candidatos que, ansiosos por el poder, piden el voto a los pobres derrochando dinero a raudales.
¡Una ofensa!
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