Consejo de la Judicatura, la joya de la corona

Ocupar la presidencia del organismo de control y administración de la justicia, que en Ecuador se denomina Consejo de la Judicatura, es uno de los cargos más importantes en países corruptos y con instituciones políticas endebles.

Ese espacio es clave respecto a la corrupción porque desde allí se puede manipular jueces y fiscales, direccionar peritajes, orientar sorteos, disponer cambios de fechas de audiencias y, en fin, todos los trámites necesarios para que los desfalcadores del Estado queden impunes.

Si existe un eslabón fundamental en la cadena de la corrupción, ese es, precisamente, el relacionado con el Consejo de la Judicatura y, específicamente, con quien lo preside.

La titularidad del Consejo de la Judicatura también es relevante en contextos de instituciones políticas endebles, puesto que, por esa razón y otras relacionadas con los sistemas electoral y de partidos, las disputas entre actores políticos no suelen ser resueltas en las arenas correspondientes sino en las cortes de justicia.

De allí que determinados procesos judiciales, lejos de constituirse en espacios de aplicación de la normativa jurídica a un caso específico, se conviertan en mecanismos de resolución de conflictos políticos.

Bajo ese escenario, controlar el Consejo de la Judicatura es determinante, pues desde allí se puede dirigir el curso que ha de asumir una determinada causa.

En países donde la corrupción pública campea y las instituciones se desbaratan con un elemental soplido, ejercer la presidencia del Consejo de la Judicatura es más importante, mucho más, que ser legislador, ministro-secretario de Estado o autoridad seccional de elección popular.

Como Ecuador es uno de esos países, allí están las razones por las que cuesta tanto llegar a acuerdos para designar al nuevo titular de ese organismo.

Más allá de cuestiones puramente jurídicas y de otro orden, e independientemente de la actuación del Consejo de Participación Ciudadana y de la Corte Nacional de Justicia, lo que está en el fondo son circunstancias de naturaleza puramente política.

Si en el Consejo de la Judicatura se juega la impunidad y la supervivencia política, allí está la joya de la corona.

Reducir la incidencia del Consejo de la Judicatura tanto en la protección dada a los corruptos como en su nefasto papel de árbitro de las disputas políticas no tiene que ver con su permanencia o no.

Como institución es necesaria y debe mantenerse dentro del ordenamiento jurídico. El problema de fondo está en quienes acceden al espacio.

Allí es donde se debe y puede trabajar para intentar incidir en los nombres que se proponen.

Dados los intereses políticos que cubren a esa designación, dicha acción debe ser articulada desde la ciudadanía. Esa acción, por tanto, debe ser cívica.

De lo contrario, si nos mantenemos como meros espectadores, los que siempre controlaron la justicia en el Ecuador pronto volverán a tomar las riendas.

Cuando eso suceda, desafortunadamente, será tarde para los lamentos y las críticas.

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