La ciudad es el reflejo material de las interacciones humanas que en ella ocurren. Suelo resaltar en mis clases la relevancia de la ciudad como evento económico, pues sin interacción comercial sostenible en el tiempo, la ciudad no tiene ningún futuro.
La economía, vista como la forma más confiable de medir la interacción entre las personas, requiere de reglas de juego claras. Es ahí cuando aparece lo legal. Evidentemente, la figura de lo legal requiere de una estructura organizativa de gobierno; que en la actualidad proviene tanto de la escala nacional como municipal. Pero, al ser las actividades económicas reguladas de igual manera en casi todo el territorio nacional (Galápagos tiene un régimen de gobierno especial), las reglas que lo que se puede hacer se definen a nivel nacional.
Lo que rige la actividad comercial viene de la mano de lo que establece cómo se regula la coexistencia entre ciudadanos. Así es como lo civil y lo penal establecen las reglas de interacción en el territorio, incluyendo a las ciudades.
¿Cómo interpretar entonces la presencia de organizaciones que se mueven más allá de lo legal, estableciendo de manera unilateral sus propias reglas de juego? Esta pregunta se deriva de la situación actual que vivimos en el Ecuador, desde hace ya algunos años.
La primera lectura que se produce en el escenario nacional expuesto es el preocupante debilitamiento de las organizaciones del Estado, encargadas de establecer la ley y dar seguimiento a la correcta aplicación de esta. El cuadro se entiende mejor, si es que hacemos una analogía con la primera Ley de la Estática de Newton. Si el equilibrio de las fuerzas políticas fuera igual a cero, el Estado y su institucionalidad no cederían tanto espacio a las organizaciones criminales.
Comienza a ser evidente en las principales ciudades que la 'vacuna' se ha convertido en una suerte impuesto exigido por una estructura paralela y mucho más robusta que el propio estado ecuatoriano.
De igual manera, hemos visto en poblaciones de la sierra central, que muchos de aquellos que han solicitado vacunas allá han sido ajusticiados a mano propia; siguiendo el conocido "todos a una, ¡Fuenteovejuna!", de Lope de Vega. Ahí se evidencia cuánto se ha atrofiado la fuerza policial; quedando incapaz de ejercer su rol en controlar el orden público y llevar a los delincuentes ante las autoridades competentes.
Ahí aparece otro factor, casi tan grave como el debilitamiento de las instituciones de control y judiciales: la infiltración. Los jueces son elegidos y posesionados, según lo pide la ley. Pero ¿sirven realmente al Estado? Existen bastantes casos de conocimiento público, en los cuales los jueces revierten sentencias, a través de atribuciones indebidas o interpretaciones torcidas de la ley.
Seguramente, estas organizaciones más allá de lo legal tienen brazos en algunas organizaciones políticas. No en una, en varias. Al principio, han de haber sido los grupos políticos los que deben haber estado interesados en semejante y maquiavélica alianza, manteniendo cierto control sobre ellas. Pero, ante el albedrío cedido, es muy probable que las balanzas de poder comiencen a virarse, y que sean ahora los políticos los que dependan plenamente de estas agrupaciones ilícitas.
De este debilitamiento se benefician también algunas organizaciones que no rompen la ley, pero que pueden realizar gestiones moralmente cuestionables. Recordemos que hay una gran diferencia entre lo moral y lo legal. ¿Cuántas organizaciones han de influenciar en la creación de leyes con el fin de poder sacar una mejor tajada en su actividad? Se puede así cumplir con leyes diseñadas a la medida para tal o cual organización.
Todo esto se ve plasmado de manera inequívoca en el escenario de la interacción humana: la ciudad comercial.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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