Observo con preocupación y consternación cómo en muchos lugares de América Latina se pone en cuestión los principios básicos de la convivencia democrática.
La democracia comúnmente se dice que es “el gobierno del pueblo”, pero si se ha de juzgar por a quienes “el pueblo” elige frecuentemente para gobernar, entonces sería muy difícil de justificar su idoneidad.
El gran mérito de la democracia es la deposición de gobernantes ineficientes de manera pacífica cada cuatro años. Esto elimina la violencia de la sucesión y minimiza los efectos negativos de un mal gobernante. Mucho menos romántico, pero mucho más efectivo.
La democracia requiere de elecciones libres, transparentes justas e inspeccionadas por organismos independientes que garanticen la limpieza de los resultados. Si no se dan las condiciones mínimas en las elecciones, entonces ya no es una democracia, y es cuestionable su legitimidad y es legítimo reclamar (como ocurre ahora mismo en Bolivia).
Una vez elegidos los gobernantes se delega en ellos la toma de decisiones -bajo el Estado de Derecho y la Separación de Poderes, que son cosas distintas e imprescindibles-.
Este es otro gran mérito de la democracia: no tenemos que estar todos tomando las decisiones colectivas todo el tiempo, al igual que se delega en el presidente del condominio la toma de decisiones comunes del edificio.
Los políticos han de intentar ajustarse a sus programas electorales, pero no son compromisos exigibles. Ningún adulto cuerdo puede creer en las promesas de los políticos más de lo que cree en las de Papá Noel.
Los ciudadanos tienen, claro está, el derecho a opinar, proponer, protestar y participar en las decisiones. Pero por supuesto que toda propuesta ha de ser pacífica, sin violencia, pues cuando se emplea la violencia se pierde la legitimidad para participar en democracia en los asuntos comunes. Se está fuera de la ley y por ello se ha de ser juzgado y reprobado.
Por tanto, así salga una minoría violenta, o una marcha pacífica de muchos (que nunca son una mayoría) a la calle a protestar, como ocurre ahora en Chile o Barcelona, eso no son argumentos para cambiar los gobernantes o sus políticas, pues es un atentado contra los principios básicos de la democracia -que es un formalismo-: la democracia es el gobierno de los elegidos por mayoría en las urnas que son los legitimados para tomar decisiones, no el gobierno de los que alborotan en las calles -o en las redes-.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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