Designar fiscal general del Estado, es un proceso de alta relevancia para cualquier país. Y para el Ecuador, en momentos donde la lucha contra el crimen organizado y las economías ilícitas constituyen una amenaza constante para la democracia, este nombramiento es fundamental.

Quien llegue a ocupar esas funciones, deberá asumir con fuerza y decisión, la responsabilidad de investigar delitos, y enfrentar la corrupción, especialmente aquella proveniente de funcionarios públicos. Para eso, no deberá temblarle la mano para investigar a todos, incluso a quienes están en el poder si es necesario.

Evidentemente, quien llegue a ese cargo no puede ser cualquier persona. Quien sea designado debe ser un profesional idóneo, también en lo personal; pero sobre todo debería ostentar una característica sine qua non: debe ser independiente del poder de turno. Alguien sin esta última característica no podría ser Fiscal, si pensamos que deberá investigar posibles actos de corrupción en la gestión pública, debe tener la libertad de investigar al funcionario más poderoso con el mismo rigor con el que investiga a cualquier ciudadano.

Con esa claridad del perfil que el país necesita para el cargo, es fundamental que la selección de esa autoridad provenga de un proceso limpio, que garantice transparencia en todas sus etapas.

No obstante, desafortunadamente, el actual concurso de designación de esta autoridad de control no ha guardado la rigurosidad que merece un cargo de tanta relevancia.

Han sido públicos los graves cuestionamientos sobre el desarrollo del proceso de designación. Desde su inicio, ha recibido serias advertencias acerca de su deficiente organización. Veedurías formales y postulantes han denunciado irregularidades.

La controversia ha girado en torno a temas sensibles; no solamente respecto de la organización del proceso. Por ejemplo, se cuestionan las decisiones relacionadas con los procesos de impugnación: se los tilda de discrecionales, pues, la Comisión de selección al momento de calificar los postulantes, han aplicado criterios observados y criticados para eliminar concursantes.

Los reportes de los veedores -que son públicos- señalan que, los criterios de eliminación de los postulantes aplicados han sido esencialmente subjetivos. Y esto, de ser así es negativo porque afectaría los derechos de los concursantes. A estas observaciones se unen múltiples discrepancias con la forma como se ha llevado el concurso.

• La paradoja de la democracia contemporánea

Si las cosas son así, la autoridad que será designada, puede tener una percepción ciudadana de que proviene de un proceso cuestionado y eso no es bueno, porque podría restarle legitimidad desde su origen. Además, la credibilidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, después de este concurso, saldrá más golpeada y desacreditada, y eso contribuye a que los ciudadanos le sigan perdiendo la fe a la eficacia de estas designaciones.

Pero aún hay otro detalle que preocupa a todos y es la cercanía al régimen actual de quien estaría encabezando la lista de los más opcionados. Si se piensa que la independencia es una característica fundamental para un Fiscal, el que sea cercano al poder no ofrece buenos augurios: el país ya vivió una historia lamentable cuando existió un Fiscal afín al poder. En esos tiempos aciagos, se construyó gran parte de la actual impunidad. Eso no se puede olvidar, y debe ser la base para exigir al CPCCS, se abstenga de nombrar un Fiscal dependiente de la agenda del poder.

Luego de esta reflexión, conviene mencionar que, en democracia, cuando las designaciones de los órganos de control producen resultados cuestionables, con reglas aplicadas selectivamente, y sin evaluaciones rigurosas, se evidencia un riesgo político enorme. Ese riesgo tiene que ver con que existiría el peligro de normalizar designaciones y decisiones por intereses políticos imponiéndose sobre los méritos.

Siendo así, ¿qué necesita el Ecuador?: necesita un fiscal que acredite solvencia jurídica, experiencia penal, integridad personal y capacidad de gestión. Un profesional con suficiente credibilidad pública. Sería muy malo para la institucionalidad y la democracia del país, sospechar que la justicia actúa según la identidad del investigado, porque las acciones de fiscalía deben ser sobre todo una garantía de justicia y equidad y no un instrumento de poder.

Si el seleccionado responde en su gestión a la ley, habrá ganado la institucionalidad. Si responde al poder, se perderá la oportunidad de fortalecer la democracia.