“To be or not to be, that is the question”, es el cuestionamiento existencial más profundo que se desprende de Hamlet, la obra célebre de Shakespeare.
Este soliloquio (reflexión interior que se expresa en voz alta fingiendo que se lo hace para sí mismo) da cuenta de los momentos en los que a los seres humanos se nos hace imprescindible tomar posición sobre un acontecimiento, sin aceptar salidas sencillas o respuestas dubitativas.
Esa es la situación, precisamente, en la que se debate el Consejo Nacional Electoral (CNE) respecto a la aceptación o no de la candidatura del binomio Arauz-Rabascall. La trascendental decisión que se debe asumir dista de ser fácil.
Por el contrario, se torna más compleja cuando, desde el mundo jurídico, existen interpretaciones en ambos sentidos. Como casi siempre, afortunadamente, frente a un mismo hecho las lecturas normativas dependen del lente con el que se haga el análisis.
Por ello, en un escenario de incertidumbre como el planteado quizás una salida, no exenta de críticas también, está en la orilla de lo político. Si la discusión va por allí, la primera consideración que se debe tener es que el binomio Arauz-Rabascall es uno de los dos o tres a los que se perfila, desde diferentes encuestas de opinión pública, con opciones de pasar a la segunda vuelta electoral.
Esta no es una cuestión menor pues, dejarlo fuera de la carrera presidencial, implicaría un fortísimo golpe de timón al proceso electoral.
Para hacerlo, el CNE debería contar con amplio respaldo entre los actores políticos, altos niveles de confianza ciudadana en su gestión y suficiente cohesión entre sus integrantes. Las tres condiciones ahora mismo están ausentes. Por tanto, una decisión en ese sentido no solo estaría deslegitimada desde lo político sino que podría desencadenar en un incremento de la conflictividad social en momentos de crisis económica y sanitaria.
Además, si el CNE se decanta por esta opción, el caso terminará en manos del Tribunal Contencioso Electoral y allí los jueces seguramente pensarán dos veces antes de ratificar la descalificación del binomio de la Revolución Ciudadana.
Pero hay consideraciones más amplias que el bicéfalo CNE debería tomar en cuenta. Una de ellas, quizás la más importante, tiene que ver con la necesidad de garantizar competencia electoral efectiva para que así los parámetros mínimos del régimen democrático sean cumplidos.
Al igual que en el mercado de bienes y servicios, en el de naturaleza política, la democracia se fortalece cuando hay más de una candidatura con posibilidades reales de ganar un cargo de representación popular.
De allí que excluir al binomio Arauz-Rabascall podría ser observado como una forma de distorsión a la libre oferta de una plataforma de propuestas electorales que, más allá de las posiciones individuales a favor o en contra, es demandada desde un importante sector de la ciudadanía.
Hay que regular el mercado electoral, desde luego, pero no al punto de que la intervención termine generando resultados perjudiciales o sub-óptimos para la vida política del país.
Adicionalmente, es innegable que el país vive aún en la dicotomía de los que respaldan el modelo de gobierno del expresidente Rafael Correa y los que presentan críticas de diverso orden, intensidad y alcance.
En ese contexto, impedir la candidatura de Arauz y Rabascall implicaría dejar de lado uno de los polos que dota de sentido a la disputa política nacional. Visto desde otra perspectiva, dicha decisión vaciaría de contenido a la contienda electoral y tornaría el debate proselitista en un evento intrascendente, carente de las contradicciones que dan vida a la política de un país.
A los efectos anotados en la arena local, se debería agregar que la descalificación del binomio citado sería el ingrediente que falta a la narrativa de la Revolución Ciudadana para posicionar frente a organismos y cortes internacionales la idea de que los procesos judiciales iniciados en contra de su líder son parte de una persecución política.
Por donde se lo vea, el CNE debería meditar las implicaciones políticas que acarrearía dejar por fuera de la carrera electoral al binomio de la lista 1.
Pero el debate no se agota allí. En realidad, quienes más deberían estar interesados en que Arauz y Rabascall sean parte del próximo proceso electoral son sus propios adversarios políticos.
Dejando de lado la legitimidad que proviene de los votos, ganar una elección con el principal competidor fuera de la disputa no debería ser motivo de orgullo y daría cuenta de cierto relativismo en cuanto a las convicciones sobre el derecho a la participación electoral, una de las bases de la democracia liberal representativa.
Adicionalmente, una victoria en los comicios de 2021 con el binomio de la Revolución Ciudadana excluido de la contienda abonará no solo a la fragilidad del próximo gobierno, cualquiera que este sea, sino a la constitución de una oposición mucho más virulenta y hostil. De ahí a escenarios de inestabilidad presidencial, hay un solo paso.
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“Ser o no ser, esa es la cuestión”, ahí está el dilema al que debe enfrentarse el CNE en los próximos días respecto a la candidatura de Arauz y Rabascall.
Si deciden descartar el binomio tendrán argumentos jurídicos para hacerlo. Si optan por aceptar la inscripción también podrán sostener normativamente su posicionamiento. No obstante, en el plano político, apartar al binomio de la Revolución Ciudadana del proceso electoral puede traer consecuencias nefastas para la democracia y la imagen del país en el contexto internacional.
Si se trata de echar tierra sobre las ideas que articularon al gobierno del Socialismo del Siglo XXI, la convivencia democrática señala que eso se lo debe conseguir derrotándolo en las urnas.
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