El rol que el Estado debe tener en la economía es una discusión sin respuesta absoluta. Depende del contexto histórico e institucional, de las debilidades y oportunidades que tiene un país, así como de su propio nivel de desarrollo y de las aspiraciones de la sociedad.
El Estado como mínimo debe garantizar la seguridad, mantener la paz social y asegurar justicia en igualdad de condiciones, a fin de evitar abusos y excesos de unas personas sobre otras, brindando de esta manera las condiciones para que las personas puedan realizar sus actividades libremente.
Adicionalmente, el Estado debe brindar bienes y servicios esenciales, muchos de los cuales son un derecho y su acceso no puede estar condicionado a que una persona pueda pagar por ellos. Entre estos se encuentran los insumos y servicios de salud y educación, así como la alimentación y la vivienda digna; y todo aquello que una sociedad considere justo que toda persona acceda en igualdad de condiciones.
Frente a la desigualdad extrema, como la pobreza, el Estado tiene la función de redistribuir, a fin de garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades, y la capacidad real de ejercer su libertad.
Finalmente, ante problemas de inseguridad externa o interna, una pandemia, las relaciones internacionales, la protección del medio ambiente, la presencia de monopolios, la existencia de estructuras de baja productividad, condiciones de discriminación y violencia hacia determinados grupos de la sociedad, entre otros, el Estado debe coordinar y planificar acciones, así como generar regulación y control, para impulsar el desarrollo del país.
Lamentablemente, la posición sobre el rol del Estado se ha vuelto dogmática, intentando posicionar la idea de que el Estado debe ser reducido a lo mínimo, para así dejar que la iniciativa privada sea la que se encargue del bienestar de las personas.
La reducción del Estado en economías dependientes, de alta concentración de mercado, y sociedades desiguales, es útil para los grandes grupos económicos que pueden aumentar sus ganancias en ausencia de servicios públicos, y falta de regulación y control. Por esta razón es que la impulsan.
La medida en la que el Estado debe intervenir depende de los problemas específicos que una sociedad necesita solucionar. El Ecuador, en este momento, tiene tres grandes problemáticas: inseguridad, baja productividad y mala distribución.
Las tres requieren intervención del Estado, para fortalecer inteligentemente la fuerza pública, controlar y desarmar las cadenas delictivas, promover oportunidades de empleo, asegurar servicios de salud, impulsar la educación, la ciencia y la tecnología, y redistribuir de mejor manera la riqueza que se genera.
La historia nos deja lecciones importantes, tanto los años 80 y 90 como en el periodo a partir de 2018, en los que se impulsó la reducción del Estado, la economía del país cayó en crisis, y el bienestar se deterioró, con mayor pobreza y empleo de mala calidad.
El Ecuador, por sus condiciones estructurales, necesita acciones públicas activas para impulsar el desarrollo.
A puertas de un proceso electoral anticipado, debido a la mala gestión de los últimos cinco años, es indispensable optar por la alternativa con visión y capacidad para activar la acción del Estado.
Candidaturas que han sido parte del gobierno desde 2018, son más de lo mismo. Tampoco son una opción aquellos sin experiencia en la gestión pública, y sin capacidad para conformar un equipo de trabajo sólido.
Más allá de la campaña, y la permanente desinformación, es importante destacar quién hable de la forma en que se deben regular las actividades económicas, y que tenga la capacidad de poner a funcionar lo público e impulsar la inversión pública.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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