Nadie en su sano juicio podría defender la actuación de Sofía Almeida al frente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), porque ha sido degradante.
Pero tampoco ninguno que se precie de demócrata puede dejar de catalogar como un golpe de mano lo sucedido ese organismo, porque, con los matices del caso, se parece a cuando se rodeó la Corte Suprema de Justicia con tanquetas, para impedir que se posesione un contradictor al gobernante.
O a la destitución de 57 legisladores para reemplazarlos con los diputados de los manteles, a fin de que el mandamás de la época ejecutara su plan para apoderarse de todas las instituciones del Estado.
Que Almeida y su mayoría se han burlado de las leyes y del país, es irrefutable y censurable.
Cuando presumía que perdería una votación y sus planes corrían riesgo, cortaba las sesiones telemáticas arguyendo, con descaro, no escuchar a los vocales, aunque los demás oían con nitidez.
Prevalida de tener la mayoría, cambiaba los reglamentos para la elección de contralor General del Estado -la presa más apetecida del banquete político-, por temor a que sus auspiciantes se quedaran sin ella.
El país ha mirado estupefacto estos sucesos, pero ella ni se inmutaba, causando angustia en amplios sectores, que clamaban una salida.
Así estaba el ambiente, hasta que una operación que tiene la marca registrada de una Banana Republic, fue puesta en marcha:
La Policía, que está bajo el mando del Ministerio de Gobierno, rodeó la sede del CPCCS; se cambiaron las cerraduras de las puertas; se nombró secretario ad hoc para elegir a las nuevas autoridades y, por si faltaba algo, hubo una limpia shamánica.
El Ministerio de Trabajo reconoció, ipso facto, mediante un comunicado, al nuevo presidente, Hernán Ulloa, y la superintendenta de Bancos, le convocó a una reunión de autoridades.
Para completar, la CNT dio "soporte técnico".
Que luego de todo esto, desde el Ejecutivo se hable de respeto a la independencia de Funciones del Estado es menospreciar la inteligencia de la gente, a pesar de que amplísimos sectores celebrarían que Almeida y compañía ya no siguieran envileciendo al país.
Lo que tenían que haber promovido es el mecanismo adecuado para eliminar este bodrio político, inventado por revolucionarios de medio pelo, en Montecristi, porque propicia el caos institucional.
El perverso organismo ha servido para apalancar el hiper-presidencialismo y ajustar cuentas con los enemigos.
Cómo olvidar cuando los sumisos de Carondelet anunciaban los concursos para elegir a las más altas autoridades de control, pero todos conocían de antemano quiénes serían los ungidos, pues el autócrata los había escogido.
Cómo olvidar cuando los sumisos de Carondelet anunciaban los concursos para elegir a las más altas autoridades de control.
Es lo mismo que habrán planeado hacer Almeida, Javier Dávalos, Ibeth Estupiñán y David Rosero, el izquierdista que mutó su pelaje ideológico, hasta mimetizarse con la derecha y el populismo.
Y es lo que estará por hacer la nueva mayoría encabezada por Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán quien, luego de apoyar durante meses a Almeida, se ha cambiado de bando.
Que Almeida y su mayoría están alineadas con el correísmo y el PSC es tan evidente como que Hernán Ulloa ha estado junto al actual presidente, Guillermo Lasso, en las campañas electorales de 2017 y 2021.
¿Pruebas? A Sofía Almeida la escolta su tío, el asambleísta socialcristiano Luis Almeida, y los correístas la defienden con descaro.
Ulloa se ha ufanado al publicar, en Twitter, fotos suyas trepado en la camioneta junto a Lasso, o en reuniones políticas o caminatas.
No hace falta clarividencia para saber afines a quienes serían las autoridades que salgan del CPCCS, organismo que elige fiscal general del Estado, al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Contencioso Electoral, al Consejo de la Judicatura, a los superintendentes, al defensor del Pueblo.
Y al titular de la Contraloría, poderosa entidad que, mediante glosas, puede modificar el destino de los funcionarios y, con certificados de buena conducta, desbaratan juicios políticos. ¡En fin!
Algunos tratadistas sostienen que los políticos son la manifestación pública de lo que es el país; en el caso ecuatoriano, aquello resulta funesto.
Aquí, los dirigentes juegan a la ruleta rusa democrática, pero usando la cabeza del pueblo.
La audaz operación política con la cual se ha dado un golpe de mano al CPCCS no ha solventado el problema; ha creado otros. Y ha dejado dos presidentes.
La disputa se ha trasladado a la Justicia que deberá dictar medidas cautelares, decidir amparos y acciones de protección, y a la Corte Constitucional (CC) que tendrá la última palabra, con una acción extraordinaria de protección.
Pero donde se agitarán las aguas, caldeando más el ambiente de un país convulso, con extrema violencia y crisis económica, será la Asamblea Nacional, en la que se ha planteado un juicio político a los vocales del Consejo, y en la que el presidente Lasso ya no tiene mayoría.
Hoy, vale recordar que la anterior Asamblea ya destituyó a dos presidentes del CPCCS: al cura Carlos Tuárez, por pretender revisar la integración de la CC; y a su sucesor, Christian Cruz, por haber obtenido, de forma irregular, un carné de discapacidad.
Ellos quedaron fuera, pero el caos prosiguió. Hay que eliminar ese espantajo político, no dar golpes de mano.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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