Cada uno de los 221 municipios del país tiene una Unidad de Gestión de Riesgos, orientada a la prevención de desastres, pero los perjuicios causados por el invierno continúan.
Como cada año, Ecuador sufre los estragos del invierno, que deja miles de personas damnificadas, viviendas destruidas y vías colapsadas. La respuesta de las autoridades es casi inmediata, pero la prevención sigue siendo una tarea pendiente.
El artículo 389 de la Constitución establece que "el Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico".
Esto, mediante la prevención de riesgos, la mitigación de desastres, la recuperación y el mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad.
En el país existe un Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgo, conformado por unidades de gestión de las instituciones públicas y privadas en los ámbitos local, regional y nacional.
Además de estas unidades permanentes, los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) se activan cuando ocurre un evento natural adverso. Aquí se incorporan actores nacionales, provinciales y cantonales, que en teoría deben coordinar acciones para prevenir los riesgos.
Ello implica la construcción de obras de prevención y mitigación, que en cantones como Balao, La Maná, Nabón, Quito, entre otros perjudicados por el invierno, parecen estar ausentes.
Según el informe del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, el invierno deja hasta la fecha 5.973 personas perjudicadas y 31 fallecidas.
También 633 viviendas y 33 bienes públicos con daños en 87 cantones del país.
Pichincha, Cotopaxi, Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, El Oro y Azuay son las provincias más golpeadas.
De los 31 fallecidos, 28 perecieron en el aluvión en los sectores de La Comuna y La Gasca, en Quito; uno en Guamote (Chimborazo) y dos en Santa Rosa (El Oro), informó Cristian Torres, director del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, a PRIMICIAS.
Además, hay seis ríos con tendencia a aumentar de nivel: dos en Esmeraldas (Quinindé y Esmeraldas) y los otros cuatro en Los Ríos (El Lechugal, Quevedo, Vinces y Puerto Bajaña).
Esta alerta preocupa, pues el Inamhi ha pronosticado lluvias hasta la tercera semana de febrero.
El funcionario no cuantificó las pérdidas económicas que deja el invierno al Estado y dijo que ese trabajo lo están haciendo en conjunto con los municipios, que conocen su realidad.
Solo en Quito, la rehabilitación y la recuperación de la zona cero del aluvión costará USD 8,4 millones.
Me alegra poder apoyar a recuperar sus medios de trabajo a Emily y a su padre Cristian, y a varias familias afectadas por el aluvión de La Gasca.
— Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) February 16, 2022
Estamos del lado de la gente en los momentos más difíciles.#JuntosEnAcción pic.twitter.com/Ho2Rmbjqhr
Problemática y soluciones para la prevención
"Tenemos un Estado reactivo", señaló a PRIMICIAS Felipe Bazán, exsubsecretario de Gestión de Riesgos en 2009.
El exfuncionario indicó que las obras de mitigación deben ser concebidas desde el punto de vista de ingenierías. Se refirió al caso de Balao, donde el desbordamiento del río del mismo nombre dejó 1.200 perjudicados.
"Nada saca el alcalde con dragar su parte, se debe dragar la cuenca y la microcuenca, desde arriba, empezando por El Empalme, Quevedo, Palestina, avanzando por Vinces, Babahoyo, Salitre y Guayaquil", indicó Bazán.
Otra alerta roja es la construcción en zonas de alto riesgo, prohibida en el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) y en algunas ordenanzas municipales.
"Existe la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC), que considera estándares altos de construcción después de sismos y tsunamis en Chile", aseguró Bazán, quien agregó que este es un tema de control y de aplicación de la ley.
El presidente Guillermo Lasso ha llamado la atención a los alcaldes por su falta de acción. El Director de Riesgos resaltó que hay una buena articulación con los GAD, pese a esos episodios.
Y recordó que el Gobierno destina varios millones de dólares para la recuperación de vías, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Los 40 kilómetros de la nueva vía Latacunga-La Maná están en la lista. Esta carretera costará USD 15 millones y su construcción culminaría en seis meses.
Torres afirmó que el Ejecutivo ha ofrecido, en algunos cantones, financiamientos reembolsables y no reembolsables, no solo para la respuesta sino para la prevención.
Uno de ellos se concretó en Cotopaxi, donde el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) entregó USD 7,9 millones a la Prefectura para asfaltar las vías rurales afectadas por el invierno.
Este viernes 18 de febrero, el mandatario anunciará desde Babahoyo, financiamientos a 10 años para los gobiernos locales, a través del BDE.
El 50% de estos recursos servirá para financiar obras de prevención y el 50% restante para la respuesta y la recuperación.
Aquí se incluye la compra de equipos, no solo para municipios y prefecturas, sino también para los Cuerpos de Bomberos.
El BDE ha financiado obras para mitigación de riesgos por USD 37,5 millones. Con estos recursos, los Municipios deben ejecutar obras y adquirir equipamiento para la prevención y mitigación de riesgos.
El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos avala técnicamente esos proyectos.
La entidad desarrolla, además, campañas con mensajes de prevención para que los ciudadanos se alejen de las riberas de ríos y quebradas ante la presencia de lluvias.
Otro marco normativo que reforzará el trabajo es la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, que aún no pasa al pleno de la Asamblea Nacional para primer debate.
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