Cinco factores contribuyen al débil sistema de partidos

Para las elecciones de 2021, la mitad de los partidos nacionales se debían a un 'caudillo'. Es decir, a las figuras con poder político o económico en torno a las cuales se levantaron estructuras políticas. Las más fuertes son el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC). Sin importar cuántas veces tenga que cambiar de colores y listas, siempre lleva como marca de agua el rostro del expresidente Rafael Correa, y el PSC, con el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, a la cabeza. Lo mismo pasa, aunque con mucho menor fuerza, en el movimiento Creo, del presidente Guillermo Lasso, y en la Izquierda Democrática, afincada a la sombra del expresidente Rodrigo Borja. Algo similar también sucede con las agrupaciones que dependen o dependían de Abdalá Bucaram, Jimmy Jairala, Lucio Gutiérrez, Gustavo Larrea y Paúl Carrasco, donde sin ellos las estructuras pierden su baja relevancia.

En el país poco importan las ideologías políticas, los partidos y movimientos cambian de prioridades y corrientes sin tener en cuenta sus propios principios o estatutos. En cada elección, la mayoría de tiendas políticas se acomodan a las tendencias coyunturales. Lo mismo pasa con sus candidatos, quienes se acoplan temporalmente a los colores de su bandera de turno o viceversa. Por ejemplo, el excandidato presidencial Pedro Freile, detractor declarado del socialismo en 2021, será candidato por el Partido Socialista en 2023. Varios legisladores electos por Pachakutik y la Izquierda Democrática, declarados feministas en campaña, votaron en contra de la legalización del aborto por violación. La lista de 'camisetazos' es larga y se repite en cada contienda electoral. Y, cada periodo, es más notoria la rotación de candidatos. Por ejemplo, las antes correístas María José Carrión y María Luisa Maldonado, ahora terciarán para la Alcaldía de Quito por AMIGO y Avanza, respectivamente. Además, hay muchas figuras políticas que incursionan en política sin partido y anuncian sus candidaturas esperando que alguna tienda política los auspicie.

Al problema del caudillismo y de los protagonismos temporales o 'alquilados', como el de las figuras de la farándula y el deporte que saltan a la política, se suma el fracaso de la mayoría de escuelas de formación. Si bien los partidos nacionales deben dedicar, por ley, tiempo y buena parte de sus recursos públicos, a la formación de su militancia, esto es solo un anhelo. El objetivo de la formación, por ejemplo, es promover la paridad de género, la erradicación de la violencia contra las mujeres y el fortalecimiento del liderazgo femenino y juvenil. Pero, en la práctica, la mayoría de partidos y movimientos están liderados por hombres, al igual que sus listas. Basta con observar que en 2021 solo uno de los binomios presidenciales estuvo encabezado por una mujer. Lo mismo ocurrió con apenas cuatro de las 17 listas nacionales de legisladores. Y la ausencia de formación se nota en muchos de los cuadros que llegan a ser autoridades, por designación o elección popular. Hay casos que evidencian su falta de preparación desde la campaña, con ofrecimientos que no son de su competencia. En otros candidatos es clara la falta de conocimientos de administración pública, de funcionamiento del Estado o de legislación, lo que complica después el ejercicio de sus funciones.

Luego está el problema de la creación de decenas de movimientos locales. En las elecciones de 2023 participarán más de 260 tiendas políticas de todos los niveles. La mayoría (163) corresponden a movimientos cantonales. El problema aquí está en su eliminación. En octubre de 2019, tras las elecciones de ese año, el Consejo Nacional Electoral (CNE) intentó eliminar a 46 movimientos provinciales, cantonales y parroquiales que obtuvieron pésimos resultados. Pero el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) revirtió esta decisión. En el caso de los partidos y movimientos nacionales sucede algo diferente, pues se mantiene con vida a estructuras sin respaldo electoral. Las agrupaciones que pierden vigencia vuelven a reinscribirse bajo diferentes colores y nombres. O en otros casos, por alguna coyuntura extraordinaria, recuperan su vida jurídica y tampoco dejan la arena electoral. Aquí se incluye el problema de las firmas falsas, que no ha podido ser erradicado desde la reinscripción de partidos después de la Constitución de 2008. Las denuncias de personas que han sido afiliadas a agrupaciones políticas sin su consentimiento se mantiene y permite que nuevos movimientos nazcan cada año. Así se observa también un 'reciclaje' de estructuras y figuras políticas que, pese a que no tienen respaldo en las urnas, retornan para cada periodo bajo un nombre distinto.

A todos estos factores también se suman las regulaciones difíciles de implementar o vigilar. Por ejemplo, los candidatos deben salir de procesos de democracia interna de las agrupaciones, bajo seguimiento del CNE. Aunque se realicen eventos de formalización de candidaturas, son pocos los procesos donde la militancia escoge a sus representantes. Generalmente, las postulaciones son anunciadas o conocidas mucho antes. Y la mayoría de elecciones primarias son representativas, donde igualmente se conoce con antelación quién será elegido por la dirigencia partidista. El uso del fondo partidiario permanente también genera problemas. Los fondos públicos otorgados a las agrupaciones nacionales no son controlados con rigor y hay casos en los que se desconoce el uso real de los recursos. Lo mismo sucede con los gastos de campaña, la autoridad electoral no tiene la capacidad para controlar el expendio real y generar sanciones en caso de incumplimiento. Las revisiones 'post mortem' impiden que se pueda detener las infracciones electorales en esta área de manera oportuna. La debilidad partidista hace también que las tiendas políticas pasen de 'mano en mano', sin que la autoridad electoral pueda hacer mucho al respecto. Ocurrió con la Izquierda Democrática, que desapareció temporalmente por una pugna interna. Más recientemente, pasó con el Partido Socialista, que dejó de ser controlado por su facción correísta, y también con lo que era Fuerza Compromiso Social, que ahora está en manos del correísmo. Aunque haya un Código de la Democracia y nuevos reglamentos temáticos para cada elección, el control de la actividad partidista y electoral no llega a ser lo suficientemente eficiente para consolidar el sistema de partidos.