Si el presidente Daniel Noboa recibe el beneplácito final de la Corte Constitucional, su popularidad podría reflejarse en las urnas y abrir camino para reformas legales complejas, como la extradición y el trabajo por horas.
La promesa del presidente Daniel Noboa, de convocar a una consulta popular para tramitar varias reformas, está más cerca de concretarse. En medio del conflicto armado interno y con su popularidad en lo alto, el Mandatario podrá liderar una campaña electoral.
Esto porque la Corte Constitucional (CC) aprobó, el 26 de enero de 2024, 10 de las preguntas planteadas por el Jefe de Estado para una consulta y referendo. Ahora resta el control de forma de cuatro de ellas y el Presidente podrá decretar la convocatoria a elecciones.
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El escenario se presenta positivo. La encuestadora Comunicaliza ubica la gestión del Ejecutivo con un 80% de valoración positiva entre la ciudadanía. Noboa asegura que la Policía y las Fuerzas Armadas tienen cifras similares, desde la declaratoria del estado de excepción.
Esto le daría una oportunidad a Noboa de trasladar ese apoyo a las urnas, para que sus propuestas de reformas legales y constitucionales puedan recibir un espaldarazo del electorado. Lo que le significaría otra 'victoria' a la lista, en su corta administración.
Noboa ha conseguido, en papeles o efectivamente, lo que su predecesor Guillermo Lasso no pudo o no concretó en su truncado gobierno: aprobar proyectos urgentes en la Asamblea, declarar la 'guerra' a 22 bandas terroristas y crecer en popularidad.
A diferencia del anterior gobierno, el Ejecutivo ha logrado anotarse puntos en medio de las distintas crisis que atraviesan al país.
Aunque también ha sido beneficiario de la concreción de algunos procesos que iniciaron con Lasso: los acuerdos de seguridad con Estados Unidos, la propuesta de reformar el rol de las Fuerzas Armadas, la llegada de equipo policial y militar.
Noboa incluye tres reformas polémicas
De la decena de preguntas calificadas por la Corte Constitucional, ocho se refieren a temas relacionados con la seguridad y que, por la grave crisis en la materia, podrían alcanzar fácilmente el apoyo de la ciudadanía.
Por ejemplo, el Mandatario propone que las Fuerzas Armadas realicen controles de armas permanentes en las vías de ingreso a las cárceles, incrementar penas en 10 delitos relacionados con el crimen organizado y que los sentenciados por una docena de delitos cumplan toda su pena en prisión.
Así como también que se tipifique la tenencia de armas de uso privativo de las fuerzas públicas, que las armas decomisadas puedan ser usadas por policías y militares y que los bienes de origen ilícito pasen a propiedad del Estado.
Sin embargo, entre ellas, a la papeleta también podría llegar la polémica posibilidad de extraditar a ecuatorianos requeridos por otros países, inexistente desde 1945. Esto está prohibido por la Constitución, en su artículo 79, sin importar el delito o la cantidad de delitos que cometan.
Esto ya lo intentó modificar Guillermo Lasso, pero con su baja popularidad al momento del referendo, solo alcanzó el 48,4% de los votos. El tema fue rechazado principalmente por el correísmo, que hizo campaña por el 'No', argumentando que no resolvía nada.
Así mismo, la Corte dio paso a la pregunta sobre la creación de judicaturas especializadas en materia constitucional.
El objetivo de esto es evitar que cualquier juez pueda tramitar acciones de protección y que quien lo hiciere, sin tener la competencia, responda de manera administrativa y penal por la falta.
Esto porque, en los últimos años, el sistema judicial ha sufrido del abuso y la distorsión de las acciones de protección y habeas corpus, de las que se han beneficiado figuras sentenciadas por delitos contra la administración pública o delitos relacionados con el crimen organizado.
Ese abuso se evidencia en las cifras del Consejo de la Judicatura: entre 2018 y 2022, el trámite de estas acciones se incrementaron en 211%.
Además, a la papeleta podrían llegar también dos preguntas en materia de inversiones y laboral: reconocer el arbitraje internacional como método para solucionar controversias y regular los contratos de trabajo a plazo fijo y por horas.
Sobre el arbitraje internacional, el argumento del Gobierno es que esta prohibición constitucional ha resultado en la falta de inversión extranjera y la reducción de la capacidad de crecimiento de la economía ecuatoriana, con la consecuente caída de las tasas de empleo formal.
Mientras que, en los temas de trabajo por horas y a plazo fijo, el objetivo, según el Ejecutivo, es incorporar al mercado laboral una figura contractual que lo flexibilice y amplifique las oportunidades de encontrar un trabajo formal y adecuado.
Estos dos temas también fueron grandes pilares del discurso correísta, cuya fuerza política es aún la más grande del tablero electoral. En la Constitución de 2008 y sus posteriores leyes, se negó el primer tema bajo el argumento de la soberanía y el segundo al tildarlo de precarización laboral.
Sin embargo, estos últimos cuatro temas todavía requieren de una revisión final, de forma, de la misma Corte Constitucional, que deberá estar lista en un plazo de 20 días. Solo después de ese beneplácito, el presidente Noboa podrá firmar el decreto que convoca a elecciones.
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