Noboa se suma a los presidentes que buscaron a la ONU para luchar contra la corrupción

El gobierno del presidente Daniel Noboa recurrió a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), para que abra una sede en Ecuador y trabaje en seis ejes en materia de corrupción y delincuencia organizada.

Es el tercer mandatario que intenta establecer una estrategia anticorrupción de la mano de la ONU. Pese a que Guillermo Lasso y Lenin Moreno, sus dos predecesores, fracasaron en el intento.

Además, el periodo de Noboa es extraordinario y corto y en su plan de trabajo habló poco del tema. Los pocos apuntes en la materia se concentraron principalmente en las empresas públicas y los procesos de contratación estatales.

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Ya en el poder, el Primer Mandatario decidió cambiar el nombre de la Secretaría Anticorrupción por el de Integridad Pública y dejarla en manos de José Julio Neira.

Con el Decreto Ejecutivo 249, el presidente Noboa declaró a la integridad pública como política nacional "orientada al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible" y "condición necesaria" para prevenir y enfrentar la corrupción.

Según el documento, se trata de "la alineación consistente y la adhesión a valores, principios, y normas éticas compartidas para mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados en el sector público".

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Es la única definición que el Gobierno ha dado sobre lo que sería su gestión contra la corrupción. Ya que más allá de las declaraciones del Mandatario, no ha habido lineamientos concretos.

Así como tampoco hay fecha para la apertura de las oficinas de la UNODC en Quito y Guayaquil, ni para que el secretario Neira presente la nueva 'Estrategia Nacional de Integridad Pública para la Administración Pública', ordenada en el Decreto 249.

Ya que el único documento sobre el tema que consta en la página de la Presidencia es el de julio de 2022, creado por el exsecretario Anticorrupción, Luis Verdesoto, bajo la visión del gobierno de Guillermo Lasso.

Los intentos previos

El expresidente Lenín Moreno creó una la Secretaría Anticorrupción en febrero de 2019. La entidad tuvo tres secretarios en 15 meses y fue suprimida en mayo de 2020.

El fin de la Secretaría, en ese entonces, se debió al rechazo que generó su trabajo en la Fiscalía, Contraloría, Corte Nacional de Justicia, Consejo de la Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana.

Las autoridades de control acusaron al último secretario y actual representante del presidente Noboa ante la ONU, José De la Gasca, de interferir en sus funciones.

Moreno también hizo el anuncio de una comisión internacional anticorrupción, de la mano de la ONU, que fue conformada, pero nunca llegó a funcionar. Y cuyos miembros demandaron al Estado el pago de los honorarios, por el tiempo invertido en la preparación para la tarea.

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Después llegó Guillermo Lasso, también con la promesa de concretar la lucha en la materia. En septiembre de 2021 recurrió nuevamente a las Naciones Unidas para firmar un memorando de entendimiento para establecer un programa anticorrupción.

También anunció la creación de otra comisión internacional para el mismo efecto, aunque después dijo que sería un organismo nacional. Y finalmente, Lasso optó por revivir la Secretaría Anticorrupción y ponerla a cargo de Luis Verdesoto.

Sin embargo, en enero de 2023, después de que el funcionario presentara su primer informe sobre la corrupción en las empresas públicas, se volvió una figura incómoda para el Ejecutivo y terminó renunciando.

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Entonces Lasso le restó importancia a lo declarado por Verdesoto y a la misma Secretaría, que bajó de perfil bajo la gestión de Ana Belén Cordero.

Es así, que pese a los constantes casos de corrupción descubiertos en las administraciones pasadas, las intenciones de los últimos gobiernos de hacerles frente quedaron solo en anuncios.

En esta ocasión la instancia cambió de nombre y el gobierno de turno también busca el apoyo de la ONU para encabezar la lucha anticorrupción y crimen organizado.