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Escándalos de compraventa de cargos enturbian la gestión de Lasso

En los casi 15 meses que lleva Guillermo Lasso en el poder, su Gobierno ha sido señalado por, al menos, tres actos de corrupción relacionados con la venta de cargos. El caso Danubio, que se destapó por una denuncia en la Aduana, es el primero en el que se formularon cargos, aunque no hay funcionarios de alto nivel involucrados.

Fernando Alonso del Alpine llega para la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Hungría de la F1, el 29 de julio de 2022.

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EFE

Autor:

Redacción Primicias

Actualizada:

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Desde el primer día, el presidente Guillermo Lasso anunció una lucha frontal contra la corrupción. Los meses han pasado, al igual que las iniciativas. Y las denuncias de presuntos delitos han sido zanjadas con el mantra de "nadie está por encima de la ley".

La frase se repite en discursos y comunicados oficiales. Y el Ejecutivo insiste en que en su administración no hay corrupción, que están tranquilos y a la espera de lo que resuelvan las investigaciones fiscales.

El gobierno del presidente Lasso insiste en que desconoce estos supuestos entramados de corrupción, aunque se dan al interior de su administración. Y afirma que están trabajando para impedir que estos grupos sigan operando en distintas áreas.

Los casos 'a flote'

El escandalo alrededor del Ejecutivo es la supuesta negociación para la compra y venta de cargos públicos. Hasta el momento ha habido tres denuncias: en Aduanas, en Petroecuador y en el Ministerio de Agricultura.

PRIMICIAS le presenta una síntesis de los casos que han 'explotado' hasta ahora y cuál es el estado de las investigaciones.

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    Caso Danubio

    En este caso, que es el más reciente, la figura más destacada en las investigaciones es la del "amigo de toda la vida" del Mandatario y su exconsejero presidencial para asuntos bananeros, Juan José Pons. Aunque no fue detenido ni procesado, el domicilio del exfuncionario fue allanado el 21 de julio. El operativo investiga una red de asociación ilícita y dejó ocho detenidos en cuatro provincias: Guayas, Pichincha, Cotopaxi y Azuay. A los ocho les formularon cargos por asociación ilícita. La instrucción fiscal durará 90 días. Este es el único proceso por supuesta corrupción del actual Gobierno que ha avanzado de fase, los otros siguen siendo previos y reservados. Los procesados son:

    1. Juan José A.M., dirigente indígena de Chimborazo.
    2. Pedro Enrique G.L., alquiler de bienes inmuebles.
    3. Marcos Enríquez L.V., exabogado del Servicio de Aduana y actual servidor del Hospital de Los Ceibos en Guayaquil.
    4. Jhon Medardo S.N., venta de artículos de ferretería.
    5. Manuel Víctor T.J., técnico en instalaciones eléctricas y de otros tipos.
    6. Marcos Alberto R.O., agente de aduanas.
    7. Sergio Jesús P.V., abogado.
    8. Henry Ronny C.V., vendedor de autopartes.
    En la lista hay solo un funcionario público y no es de nivel jerárquico superior. Los demás son personas naturales que, según las primeras averiguaciones, serían los emisarios de la supuesta estructura delictiva. Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía mostró varias grabaciones telefónicas entre los procesados. En algunos extractos se mencionan a personas que pueden coincidir con funcionarios del Régimen de Lasso. En una de las conversaciones, Sergio Jesús P.V. dice a su interlocutor: "Que sí tienen los contactos y también que Juan José es más amigo del presidente que Guido y por el lado de Juan José se puede pelar eso". En otra transcripción, en cambio, el mismo Sergio P. dice: "Júnior está encargado de la Secretaría de la Gestión de Campaña de la Presidencia y está manejando los temas". Otro de los procesados, Jhon Medardo S.N. dice en otra grabación "que Juan José Júnior habría ofrecido ayudar, pero le había pedido USD 30.000 por meterlo en la Aduana". Aparentemente, los involucrados se refieren a Juan José Pons y a su hijo. Aunque el padre, exconsejero de Lasso, aseguró que se han tomado sus nombres. Este caso se inició por una denuncia anónima recibida en la línea 1800-Delito. Ahora se conoce que la llamada se hizo del despacho de Carola Ríos, directora del Senae, ya que a ella le ofrecieron USD 3 millones a cambio de un cargo en esa entidad. Sin embargo, en los primeros documentos del caso el Senae no es la única entidad pública que se menciona. Se habla también del MIES, de la CFN, de hospitales, entre otras.
    Parte de las evidencias recabadas por Fiscalía en el operativo realizado dentro del caso Danubio, en cuatro provincias, el 21 de julio de 2022.
    Parte de las evidencias recabadas por Fiscalía en el operativo realizado dentro del caso Danubio, en cuatro provincias, el 21 de julio de 2022.Fiscalía
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    Ministerio de Agricultura

    Pero, estas denuncias de supuesta compra de cargos no son las únicas. Hubo otra en marzo, que involucraba al Ministerio de Agricultura. La Fiscalía investiga la presunta participación de Ernesto Ripalda en la negociación de un cargo en el viceministerio de Agricultura, por más de USD 2 millones. El hombre se identifica como asesor del asambleísta Celestino Chumpi. El legislador admitió conocer a muchos Ripalda, pero dijo no saber a cuál de ellos se referían en el video. El caso no ha sobrepasado la etapa de reserva. En ese entonces, el 31 de marzo, la Fiscalía admitió que ese no era el único caso y que, desde septiembre de 2021, abrió de oficio varias investigaciones previas por presuntos hechos de corrupción alrededor de varias entidades públicas y actores políticos.

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    En Petroecuador también

    Tras el escándalo del caso Danubio, el 28 de julio de 2022, el exgerente de Petroecuador, Ítalo Cedeño, interpuso una denuncia ante la Fiscalía con respecto al mismo caso. Según el comunicado de la estatal petrolera, la denuncia se realizó con el fin de hallar a los presuntos responsables y autores intelectuales del tráfico de influencias en la entidad. No se conocen más detalles del proceso o la denuncia porque sigue siendo reservado.

La respuesta oficial

El primer día de su gestión, el Mandatario emitió el decreto 4, con el Código de Ética para el Ejecutivo, para que lo sigan todos sus funcionarios. Después revivió la Secretaría Anticorrupción, pero como una entidad preventiva, no investigativa, y con ella convocó a una especie de consejo de Estado para combatir el delito.

Pero, en la práctica, el único vocero del Ejecutivo que responde a las preguntas sobre estos casos es el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. La Presidencia, la Secretaría de Comunicación y la Secretaría Anticorrupción se limitan a los comunicados, dónde ofrecen toda su colaboración a la Fiscalía.

Además, desde las instituciones involucradas o mencionadas en los casos de corrupción, la respuesta ha sido poner las denuncias como víctimas de los supuestos delitos. Sus autoridades han negado cualquier vinculación o conocimiento sobre la compra y venta de cargos.

Sin embargo, dos de ellos conocían de las pretenciones o de la existencia de funcionarios corruptos y por eso las denuncias. Por ejemplo, la directora de Aduanas, Carola Ríos, contó en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que supo del ofrecimiento de USD 3 millones para comprar un cargo.

El exgerente de Petroecuador, Ítalo Cedeño, también aceptó que al llegar al cargo tuvo que sacar a muchísima gente corrupta de la entidad y que incluso recibió amenazas por ello. Mientras que el exministro de Agricultura, Pedro Álava, en su momento, argumentó que se trataría de una "clara intención política de agredir al Gobierno Nacional".

Tanto Álava como Cedeño dejaron los cargos una vez que explotaron las denuncias, sin explicaciones del Ejecutivo de por medio. Petroecuador está a la espera de que se nombre a su reemplazo.

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