"No se permitirá impunidad o estrategias políticas", responde la Fiscalía a la Revolución Ciudadana

La pugna entre el correísmo y la Fiscalía no se detiene. Un nuevo episodio enfrenta a Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, y a Diana Salazar, fiscal General.

Desde la Mesa de Control Político, Aguirre impulsa dos nuevas denuncias por presunta corrupción que involucrarían a Salazar y al Ministerio Público.

La primera tiene que ver con el Consejo de la Judicatura (CJ). Durante el trámite del juicio político a exvocales del CJ, Wilman Terán, expresidente de ese organismo, mostró una serie de supuestos chats que mantenía con Salazar.

Según Aguirre, estas conversaciones estarían enmarcadas en el presunto cometimiento de delitos como tráfico de influencias.

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Además, el correísmo ha puesto sus ojos sobre el escándalo que rodea al Banco del Pacífico. Un audio filtrado por un medio venezolano, entre Leonardo Toledo, abogado de Mayra Salazar, y Francisco Fierro, exdefensor de la entidad, bancaria encendió las alarmas.

En esa conversación, según Aguirre, se pone en evidencia que el Banco del Pacífico habría pagado a Salazar y su abogado para que mintiera en su testimonio anticipado del caso Metástasis, que lleva adelante la Fiscalía General.

Ante estas denuncias, la mañana del 10 de julio de 2024, la Fiscalía emitió un comunicado en sus redes sociales. La Fiscalía confirmó la recepción de las dos denuncias presentadas por Aguirre.

Además, informó que ya están abiertas investigaciones previas tanto por los supuestos chats entre Salazar y Terán, así como por el audio filtrado de Toledo y Fierro. Por lo que las denuncias correístas se sumarán a esos expedientes.

"Es evidente que, lejos de buscar la verdad de los hechos, estos distractores tienen como objetivo poner un velo en las investigaciones que lleva la Fiscalía".

Fiscalía General del Estado

También, el Ministerio Público calificó a estas denuncias como "jugarretas" auspiciadas por el mismo movimiento político, que ya intentó entorpecer investigaciones con otros supuestos chats entre Salazar y el exasambleísta Ronny Aleaga, procesado en Metástasis.

Finalmente, el organismo aseguró que no permitirá la impunidad, ni que intereses o estrategias políticas empañen los procesos que están en marcha.