Cuatro mesas de diálogo cerraron entre acuerdos y divergencias

La única mesa de las cinco primeras que no cerró su trabajo es la de focalización del subsidio al precio de los combustibles.
Este sigue siendo el tema más complejo de tratar, puesto a que el mismo Ejecutivo ha tenido ya procesos previos, desde el inicio, para intentar encontrar una salida, sin éxito.
Este 9 de septiembre, las partes volvieron a reinstalar la mesa y decidieron que continuarán trabajando en la propuesta y mecanismo hasta el 12 de octubre, cuando vence el plazo de los 90 días de diálogo.
Según el Gobierno, hay acuerdo en cuatro de 13 temas.

La última mesa del día en cerrarse fue la fomento productivo. El principal punto a debatirse fue el impacto de las políticas de libre comercio y sus tratados (TLC) en el sector agrícola.
Ahí no hubo acuerdo. Y, de momento, tampoco habrá seguimiento. El gobierno del presidente Guillermo Lasso se planteó firmar 10 acuerdos de este, entre ellos figuran Estados Unidos y China.
Mientras tanto, los integrantes acordaron otros 20 temas, en los que sí pudieron encontrar puntos comunes.
Algunos de ellos son:

• Realizar investigaciones sobre transiciones agroecológicas.


• Crear un nuevo proyecto de inversión para formación agroecológica.


• El Ministerio de Agricultura desarrollará un proyecto de inversión en bio-fábricas para producir fertilizantes orgánicos, hasta el 30 de septiembre.


• Fortalecer el funcionamiento y creación de nuevos bancos y casas de semillas.


• Línea de crédito blando de USD 5.000 a USD 20.000, hasta tres años de gracia y plazo de hasta 10 años al 5% de interés para producción agroecológica, a partir del 12 de octubre.


• Construcción y ejecución de un programa nacional para la agricultura familiar campesina. La hoja de ruta se presentará hasta el 12 de octubre.


• Promover un plan nacional de vialidad rural, el estado de las vías pendientes por construir y mantener será entregado hasta el 7 de octubre.


• Establecer precios referenciales al productor y canales de comercialización. El documento debe estar listo el 12 de octubre.


• Dentro del tema de control de precios sobre las regalías de producción de flores, las partes acordaron 10 puntos.

A media tarde fue el turno de la mesa de control de precios, donde se debía buscar mecanismos para evitar la especulación en el mercado, con los productos de primera necesidad.
Según el acta firmada por los representantes del Gobierno y de las organizaciones indígenas, en esta temática se lograron cinco acuerdos y hubo tres desacuerdos.
Entre los primeros están:

• La Agencia de Control de Energía incrementará la difusión del pliego tarifario del servicio público de energía eléctrica, así como información sobre el subsidio de la Tarifa Dignidad y socializará la normativa sobre la aplicación del subsidio cruzado.


• Se actualizará la resolución de la tarifa social vigente para los servicios de telefonía móvil y de internet fijo, para ampliar este beneficio a la población vulnerable. En 90 días se seleccionará el mecanismo para seleccionar a los beneficiarios.


• En siete días el Ministerio de Gobierno reformará el acuerdo ministerial 0069, para incluir una infracción administrativa por la inobservancia de precios oficiales y referenciales.


• Aduanas incrementará en un 10% adicional los operativos para frenar el contrabando de productos agrícolas y pecuarios. Y publicará mensualmente los resultados de los controles en los pasos irregulares del país. Habrá un incremento de patrullaje y mayor intercambio de información con los países vecinos.


• La Agencia de Control de Energía y las organizaciones indígenas fomentarán acercamientos entre distribuidores y comunidades para acordar precios de transporte del GLP.

• Las organizaciones sociales pedían establecer precios mínimos y máximos de 44 productos básicos. El Gobierno insiste en 13, descartando a los productos industrializados.


• Los dirigentes indígenas consideran que las ferias productivas mensuales, planteadas por el Ejecutivo, no responden al pedido de estimular los mecanismos de compras públicas y ferias inclusivas para los sectores agrícolas, de la economía popular y solidaria y de la comunitaria. Tampoco garantiza cupos mínimos ni mecanismos de perchaje en las cadenas comerciales.


• Los sectores indígenas y campesinos no aceptan el establecimiento de un observatorio plurinacional de control y monitoreo de precios, por no haber precios de sustentación, ni máximos y mínimos.

Mientras las otras mesas siguen pendientes, la de energía y recursos naturales consiguió firmar un acta de cierre.
Ahí se trataban las peticiones para detener la expansión petrolera y minera, así como la auditoría y reparación integral por daños socioambientales, la protección de fuentes de agua y la consulta previa.
Samuel Lema, dirigente de la Fenocin, agregó que todavía hay temas pendientes, por lo que habrá seis comisiones que continuarán trabajando.
Entre los acuerdos estuvieron:

• La moratoria de al menos 12 meses de 15 bloques petroleros del sur del país.


• No se otorgará nuevos títulos mineros hasta que exista una normativa de Consulta Previa.


• Una mesa técnica que revise la propuesta legal de consulta ambiental, hasta el 21 de septiembre.


• Una mesa técnica de evaluación integral y de carácter vinculante para la revisión de los expedientes de procedimientos de licencias ambientales, contratos petroleros y derechos mineros otorgados.


• Una comisión técnico ambiental para identificar y remediar los pasivos ambientales ocasionados por empresas públicas y privadas, que se instalará el 30 de septiembre.


• Una mesa técnica jurídica para construir en conjunto la propuesta de ley de Consulta Previa, que se instalará el 25 de octubre.

• El Gobierno no acepta derogar el decreto 1247 de 2012, sobre la consulta previa.


• Tampoco derogarán el acuerdo ministerial 013, de 2019, sobre los procesos de participación ciudadana para la regularización ambiental.