Llori busca que la Justicia bloquee su evaluación y posible destitución

La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, busca la manera de poner un freno a la intensión de la mayoría de legisladores de analizar un posible incumplimiento de funciones de su parte. Por ello, presentó este 4 de abril de 2022 un pedido de medidas cautelares ante la justicia ordinaria.

Según consta en el sistema de la Función Judicial, la causa salió sorteada a un Tribunal de Garantías Penales del cantón Quito. Este está integrado por los magistrados Julio César Obando Guzmán (ponente), Mabel del Pilar Tapia Rosero y Olga Azucena Ruiz Russo.

El sorteo, sin embargo, llama la atención, pues solo los jueces de primera instancia son competentes para conocer medidas cautelares. Esto, según el artículo 7 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales.

La solicitud de las cautelares de Llori se da a puertas de la sesión del Pleno de este martes, en la que ella ofreció dar paso a un cambio del orden del día para crear una comisión multipartidista. UNES, el PSC y los rebeldes expulsados de Pachakutik impulsan la creación de este organismo, para que evalúe un posible incumplimiento de funciones de parte del Consejo de la Administración Legislativa (CAL).

Esta evaluación podría llevar a la remoción de Llori de su cargo, sobre todo después de la suspensión de dos sesiones en las que estaba apelada su presidencia.

Sin embargo, en las últimas horas, la situación para Llori se volvió más problemática pues la bancada oficialista BAN anunció su apoyo a esta evaluación. Juan Fernando Flores, jefe de ese bloque, recomendó que los coordinadores de cada fuerza integren la comisión.

Esto dejaría a Llori solo con el apoyo asegurado de lo que queda de Pachakutik (19 asambleístas); y posiblemente la Izquierda Democráitica (15), que en días pasados anunció que, a su criterio, la evaluación no podría iniciar por una resolución del Pleno.

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