Asamblea reforma el sistema carcelario y crea sanciones para los detenidos

Las reformas legales sobre seguridad finalmente lograron salir de la Asamblea. Los legisladores aprobaron en segundo debate la llamada Ley de Seguridad Integral, tras casi un año de trámite.

Las reformas tomaron relevancia dada la crisis de inseguridad en el país. Y desde el Gobierno se posicionó el discurso de que esta nueva ley era necesaria para poder hacer frente a las bandas narcodelictivas.

El discurso del Gobierno se justificó porque la Ley de Seguridad Integral comenzó con un proyecto del Ejecutivo, entregado el 25 de enero de 2022. Pero según Ramiro Narváez (ID), presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea, ese proyecto solo fue un insumo más para la gran reforma.

Narváez aseguró que el proyecto del presidente Guillermo Lasso tenía apenas 32 artículos, pero el aprobado por la Asamblea tiene 151. En el año de trámite, el proyecto cambió radicalmente y, de hecho, varias propuestas de Lasso quedaron eliminadas.

Incluso se incluyeron propuestas que salieron de las mesas de trabajo convocadas por el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, con otras funciones del Estado. Aunque de estas saldrían al menos otras dos reformas adicionales para trabajar en 2023, que incluyan temas que quedaron pendientes.

En total, la Ley de Seguridad Integral reforma nueve cuerpos legales, entre ellos el Código Integral Penal para la creación y modificación de delitos. Según Narváez, no crea más estructura burocrática, sino que reforma la actual.

La normativa aprobada por el Legislativo regresará a manos de Lasso para que emita, de ser el caso, un veto. Para esto tiene un plazo de hasta un mes.

El contenido de la Ley de Seguridad Integral

La nueva ley aprobada por la Asamblea se divide en tres partes:

• Seguridad pública y ciudadana.
• Política criminal, diseño institucional y reestructuración del sistema de rehabilitación social.
• Reformas para fortalecer la seguridad.

La mayor parte de la ley se concentra en la restructuración del sistema de rehabilitación social. Para esto, incluye una serie de reformas en el Código Integral Penal (COIP).

La primera gran reforma es que otorgar al Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI) el rango de ministerio. Así, esta institución deberá coordinar con otras instituciones el diseño e implementación de la política pública de rehabilitación social y realizar su seguimiento.

La Ley de Seguridad Integral, además, establece que los centros de privación de libertad sean parte de las zonas de seguridad, para que el Gobierno pueda priorizar el apoyo de las Fuerzas Armadas, de forma temporal, en casos especiales.

Además, establece la coordinación entre la institución de inteligencia (actualmente, el Centro de Inteligencia Estratégica) y el sistema de rehabilitación social.

La normativa aprobada también crea un régimen disciplinario para los reclusos, con tres tipos de faltas:

• Las faltas leves son 11, e incluyen incumplir horarios, arrojar basura, rayar paredes, etc.
• Las faltas graves son 25, y entre ellas están participar en peleas, provocar desórdenes, dañar cerraduras, realizar conexiones no autorizadas, organizar tiendas o negocios, vender turnos de atenciones médicas, subir a terrazas y otros.
• Las faltas gravísimas son 22, y en estas se incluye matar a otros presos o funcionarios públicos, portar armas, preparar o vender licor u otras sustancias sujetas a fiscalización, realizar excavaciones o túneles, extorsionar, ofrecer servicios sexuales, y otras.

Las sanciones para estas faltas, dependiendo de su gravedad, van desde una amonestación escrita hasta la restricción de visitas o llamdas telefónicas, y el sometimiento al régimen de máxima seguridad o máxima especial.

El régimen de máxima especial es nuevo, y es un nivel de seguridad más estricto que el de máxima seguridad, con condiciones especiales.

Los cambios en los delitos

La Ley de Seguridad Integral modifica algunos delitos establecidos en el Código Integral Penal para que se ajusten a la realidad actual del país.

Por ejemplo, modifica el delito de extorsión para incluir los casos en los que se afecta de forma sistemática a negocios. En estos casos, si la extorsión se comete de manera periódica o repetitiva, limitando el normal desarrollo de las actividades habituales, profesionales o económicas de la víctima, se penará con cárcel de siete a 10 años.

Otro delito que cambiará es la intimidación. Aquí se creó un agravante, para cuando la intimidación es contra de un servidor público, para que actúe de manera contraria a la normativa legal. Aquí, la pena será de tres a cinco años.

Además cambia la pena de las personas que produzcan, fabriquen o preparen precursores y químicos controlados. En este caso, la pena es cárcel de tres a cinco años.

Y en el delito de robo, se añade como agravante el robo de material bélico como armas, municiones, explosivos o equipo de uso o dotación de militar o policial. Aquí, la pena será de 10 a 13 años.

Además, incluye una excepción en el delito de la tenencia de armas, para quienes demuestren que ha presentado la solicitud de renovación del permiso.

Finalmente, la Ley de Seguridad Integral dispone que se pueda denuncias con reserva de identidad a través de los medios informáticos o telemáticos, "observando absoluta confidencialidad de los datos de la persona denunciante y de las víctimas".

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