Un Tribunal determinó, el 21 de abril de 2023, el monto que deben pagar al Estado cada uno de los ocho sentenciados del caso Odebrecht.
Después de cinco años de que se dictara la sentencia del caso Odebrecht y cuando ninguno de los ocho sentenciados está en prisión, finalmente, el Tribunal de Ejecución de Pena individualizó el monto que cada condenado debe pagar como reparación integral a favor del Estado.
El 23 de enero de 2018, un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) impuso a los sentenciados por asociación ilícita la obligación de reparar integralmente al Estado con USD 33,4 millones.
Más de cinco años después, los jueces establecieron el plazo de cinco días -desde el 21 de abril de 2023- para que los sentenciados cancelen esa suma.
El Tribunal repartió así el pago:
El pago lo deberán realizar con un depósito en efectivo en la Cuenta Corriente Única del Banco Central del Ecuador, cuyo titular es el Ministerio de Economía. Mientras que los comprobantes de pago deberán ser presentados ante el Consejo de la Judicatura.
“A los sentenciados se previene que, en caso de incumplimiento de este mandamiento de ejecución, se procederá a la ejecución forzosa”, se lee en la providencia.
Lo que significa que, ante el incumplimiento, se procederá al embargo de bienes y retención de cuentas.
El caso Odebrecht
Este caso fue el capítulo ecuatoriano del escándalo de corrupción que envolvió a la constructora brasileña Odebrecht y empezó en 2014.
Luego de que la empresa alcanzó un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se reveló que Odebrecht no solo operó en su país, sino que pagó USD 788 millones en sobornos en América Latina y África.
En el caso ecuatoriano, los documentos del país norteamericano revelaron que, entre 2007 y 2016, Odebrecht pagó USD 33,5 millones a funcionarios de gobierno, a manera de sobornos, para beneficiarse de contratos.
Un poco más de cinco años después de la sentencia, ninguno de los ocho sentenciados siguen detenidos. Seis se acogieron a beneficios penitenciarios y garantías constitucionales.
El último en ser liberado fue el exvicepresidente Jorge Glas, quien salió de la Cárcel 4 de Quito en noviembre de 2022, a causa de una medida cautelar.
Mientras que Édgar Arias y Ricardo Rivera, tío de Glas, murieron durante la pandemia del Covid-19.
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