Este domingo 8 de diciembre se cumplen los 60 días de licencia sin sueldo que Paola Pabón, prefecta de Pichincha, solicitó luego de que fuera detenida.
Por eso, si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no le otorga de inmediato medidas cautelares, Pabón podría perder la Prefectura de Pichincha.
La funcionaria cumple prisión preventiva por el presunto delito de rebelión. Ella es procesada por la revuelta de octubre de 2019.
El proceso de Paola Pabón Fiscalía
Sin una audiencia prevista para revisar esa medida, el escenario más probable es que Pabón pierda el cargo. PRIMICIAS solicitó una entrevista a su abogado, Ramiro Aguilar, para conocer cuál será su estrategia, pero el profesional aseguró que “no le interesa hablar al respecto”.
Las esperanzas ahora las ha depositado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según consta en un publicación de Twitter. Sus familiares solicitaron medidas cautelares.
El procedimiento en la CIDH
Las medidas cautelares son una herramienta del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Su objetivo es garantizar el respeto a los derechos de las personas.
Juan Pablo Albán, jurista y catedrático, explica que el proceso para su otorgamiento es “bastante informal”. No hay plazos.
Una vez receptado el pedido, la Secretaría de la Comisión hace un primer análisis y envía un memorando interno con la consulta a los miembros del organismo.
La decisión depende de una votación entre los siete integrantes. El resultado puede ser el otorgamiento de las medidas, pedir que el solicitante o el Estado amplíe la información o la negación.
En promedio, la CIDH suele tardar entre 15 días y dos meses en responder. Y en situaciones muy extremas de cinco a siete días.
En este caso, el plazo máximo de dos meses se cumpliría a finales de diciembre.
Sin embargo, la estadística no es favorable para la actual Prefecta. En el portal de la CIDH están los registros desde 2006 hasta 2017. En este lapso, desde Ecuador se pidieron 210 medidas cautelares y se entregaron solo seis.
En 2018, datos que todavía no se encuentran resumidos, la CIDH otorgó dos medidas cautelares.
En abril a favor de Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas, periodistas ejecutados en la frontera norte. Y en agosto para Yaku Pérez, por amenazas de grupos prominería. En lo que va de 2019 ningún pedido ha sido acogido.
El posible reemplazo
En caso de que se consume la destitución de Pabón, la Prefectura recaerá en Alexandro Tonello Carrera.
Él es el actual Viceprefecto. Fue electo en binomio con Paola Pabón en las elecciones del 24 de marzo de 2019. Juntos obtuvieron más de 300.000 votos.
Tonello es agrónomo de profesión. Estudió en la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, de Honduras.
La Prefectura es su primer cargo público, según la Contraloría. En su declaración juramentada de bienes de inicio de gestión presentó un patrimonio de USD 4.507.329,65.
Su actividad económica ha estado ligada al sector agrícola privado. Un establecimiento de soluciones agrícolas en Cayambe, que está a su nombre, aparece como cerrado en el SRI.
“Yo vengo de la no política”, dijo en su discurso de posesión como Viceprefecto. Asegurando que su rol sería más técnico, por su cercanía con la ruralidad.
Pero Medardo Oleas, experto en derecho electoral, advierte que este cese no sería automático sino que debe mediar un proceso en el CNE, mismo en el que Pabón podrá defenderse y apelar.
En caso de que Tonello asuma, además, quedaría vacante el puesto de Viceprefecto. En ese caso, dice Oleas, el Consejo Provincial deberá nombrar un reemplazo interino.
Esa instancia está conformada por los alcaldes de los cantones de la provincia, más ocho presidentes de juntas parroquiales.
El proceso judicial
El 13 de enero de 2020 terminará la instrucción fiscal en el caso de rebelión. Además de Paola Pabón, en el proceso también están involucrados el exasambleísta Virgilio Hernández y activista Christian González.
Durante la etapa de investigación la Fiscalía ha realizado varias diligencias. El martes 3 de diciembre, por ejemplo, se desarrolló una pericia a los dispositivos electrónicos incautados.
Fausto Jarrín, abogado cercano al correísmo, confirmó que hasta la tarde de ayer no hubo respuesta de la CIDH ante el pedido de medidas cautelares.
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