Con el argumento del conflicto armado interno, el presidente Daniel Noboa espera que los jueces constitucionales y la Asamblea Nacional "piensen como ciudadanos".
La declaratoria de conflicto armado interno y sus primeros efectos brindan al presidente Daniel Noboa los argumentos para condicionar a otros actores institucionales o políticos, para pedirles que piensen "como ciudadanos".
En medio de la búsqueda de financiamiento para enfrentar al crimen organizado, el Presidente ha remitido proyectos, legales o de consulta popular, tanto a la Asamblea Nacional como a la Corte Constitucional.
Y ha dicho que espera que su respaldo a las fuerzas públicas y a la ciudadanía se refleje en sus decisiones.
Incluso, el presidente Noboa habló de la posibilidad de focalizar los subsidios a los combustibles, que "no afecta al pueblo (...) ni al pequeño agricultor". Advirtió al líder de la Conaie, Leonidas Iza, que "no va a tener ya discurso para hacer relajo".
Sin embargo, el dirigente indígena respondió que la Conaie ya planteó ocho puntos para la focalización, en las mesas de diálogo con el Gobierno de Guillermo Lasso. Iza saludó que Noboa quiera retomar el tema y que debería enfocarse en eliminar los subsidios para los "grupos económicos", como los camaroneros y atuneros.
La Asamblea Nacional
En dos meses de gestión, Noboa ha remitido cuatro proyectos de ley urgentes, los dos últimos, precisamente, para financiar su "guerra contra el mal". Así como apunta a apalancar la cooperación internacional, para conseguir armamento y tecnología.
Pero en la Asamblea Nacional, el correísmo y el socialcristianismo, que suman 70 votos, adelantaron que no respaldarán el tercer proyecto, que busca subir el IVA.
Por eso, en un evento con la Policía Nacional, Noboa les dijo a los uniformados "los políticos se resisten a apoyarnos en la búsqueda de recursos económicos para esta gran batalla".
Y prometió a los policías ser "un escudo ante la infamia, los criminales y la corrupción, que tratará de evitar que hagan su trabajo". También agregó que "la ciudadanía nos respalda, lástima que haya políticos que no entienden el mensaje y la urgencia".
En medio del estado de excepción, decretado el 8 de enero de 2024, el Gobierno se jacta de haber reducido las muertes violentas de 38 diarias a seis. El presidente Noboa advirtió, nuevamente, que "los tiempos de indecisiones y ambigüedades han terminado".
Ahora le toca a la Asamblea Nacional dar el apoyo financiero. Ojalá no se queden en la retórica.
Daniel Noboa, presidente de la República
El turno de la Corte Constitucional
Los magistrados de la Corte Constitucional (CC) también estuvieron en la mira del presidente Noboa. El 22 de enero, en una entrevista con Teleamazonas, advirtió a la entidad sobre la necesidad de que aprueben el acuerdo con Estados Unidos.
Se trata del trámite del último acuerdo firmado entre Quito y Washington "relativo a operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas". El documento fue firmado el 27 de septiembre de 2023, un mes antes de que Guillermo Lasso deje el poder.
Este acuerdo permitiría que agentes de las fuerzas públicas de Estados Unidos ingresen al territorio nacional, principalmente por vía marítima, participen de operativos conjuntos con las Fuerzas Armadas ecuatorianas y posteriormente se retiren.
El Mandatario les dijo que deben pensar como ciudadanos y que sería un retroceso, en la búsqueda de la paz para los ecuatorianos, que nieguen "este tipo de tratados". Ya que adelantó que habrá acuerdos similares con otros países.
Los ofrecimientos de cooperación no tardaron, tras la declaratoria de la 'guerra' contra el crimen organizado: Argentina ofreció militares; Brasil, policías federales, y Estados Unidos, un paquete completo de asistencia, del cual aún se desconocen los detalles.
El Primer Mandatario ya advirtió que no se puede declinar ayuda bajo el argumento de la soberanía, porque el país necesita "apoyo militar en fuerza de personas, de soldados, así como asistencia en inteligencia, artillería y equipamiento". Aunque dejó por fuera posibles bases militares en territorio ecuatoriano.
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